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119/20 En el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, recuerda que el Estado de Guatemala tiene materias básicas pendientes en la protección de la niñez y adolescencia, y alerta sobre el impacto que el COVID-19 dejará a decenas de miles de niñas y niños expuestos a la explotación, trata de personas y trabajo forzado

Expresa:

Que aunque el Estado de Guatemala ha ratificado el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, de la OIT, está aún lejos de aplicarlos, contraviniendo los derechos humanos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, en perjuicio de su plena realización. Que es preocupante que 30 años después de la primera ratificación, el Estado no ha creado siquiera un sistema estadístico confiable que registre el número de niñas, niños y adolescentes trabajadores, que orienten la mejor toma para la protección de estas poblaciones vulnerables a la explotación y discriminación laboral. Que la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 puede empeorar las condiciones del trabajo infantil, considerando el cierre temporal de las escuelas, la muerte de padres y abuelos, la reducción de las remesas familiares, el aumento del trabajo informal y el deterioro general del mercado laboral.

Recuerda:

Que, como se refirió en el Informe Anual Circunstanciado 2019, entre los retos para lograr avances en la erradicación del trabajo infantil, destacan:
  • Eliminar la excepción que permite que algunos niños menores de 14 años trabaje.
  • Continuar con la implementación de los Comités Departamentales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y el compromiso de cada entidad en la hoja de ruta.
  • Robustecer el personal y los recursos de la Inspección General de Trabajo, así como sus estrategias para mejorar la calidad de las inspecciones;
  • Asegurar el acceso a la justicia en casos de violaciones de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, fortaleciendo las investigaciones penales y el trámite judicial de los casos de explotación infantil, así como ampliando la cobertura geográfica, la cantidad y capacidad del personal responsable.
  • Que es necesario que toda la población esté atenta, denuncie y exija que se garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Recomienda:

Al Gobierno de la República de Guatemala,
  • Cumplir sus compromisos internacionales relativos al trabajo infantil, y redoblar los esfuerzos para la erradicación del trabajo infantil, en particular ante el deterioro de las condiciones económicas y laborales como impacto de la pandemia, que dejarán a decenas de miles de niños expuestos a la explotación, la trata de personas y el trabajo forzado.
  • Priorizar la inversión pública directa en el desarrollo y protección de la niñez y la adolescencia, en particular incrementar el presupuesto de las instituciones responsables para la erradicación del trabajo infantil.
  • Promover la creación de un Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Guatemala, orientado por un sistema de datos completo, accesible y actualizado.
Al Congreso de la República,
  • Aprobar prontamente la legislación pertinente que garantice la erradicación del trabajo infantil en Guatemala.

Guatemala, 12 de junio de 2020

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