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217/21 En el Día Internacional del Migrante, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, deplora el creciente riesgo y criminalización del derecho de movilidad de las personas y recomienda al Presidente de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores promover un mecanismo de diálogo político con sus similares de México y Estados Unidos, a fin de mitigar los riesgos y amenazas contra la integridad de los migrantes irregulares y garantizar el respeto de sus derechos básicos

Recuerda:

Que el 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional del Migrante. Diez años antes, la Asamblea había adoptado la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

Que cada 18 de diciembre los Estados Miembros de las Naciones Unidas, los organismos intergubernamentales y no gubernamentales, celebran este Día Internacional difundiendo información sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes, sus experiencias y nuevas medidas que puedan implementarse para protegerlos, así como reconocer la contribución que brindan al desarrollo material y cultural de los países de recepción y origen.

Expresa:

Que el mundo atraviesa por una etapa de explosión de las migraciones que los países involucrados no han sabido gestionar, convirtiéndolas en fuente de tensiones políticas. Han reforzado las fronteras y emiten normas cada vez más restrictivas, y al asumir las migraciones como un problema de seguridad nacional, se han estimulado actitudes xenófobas en las sociedades de tránsito y receptoras.

Que las migraciones masivas son consecuencia de la pobreza y falta de oportunidades, de la violencia criminal y los fenómenos naturales exacerbados por el cambio climático. Los impactos de la pandemia por el Covid-19 han reforzado los factores de expulsión poblacional en Guatemala, a lo que se agrega la desatención de las funciones básicas del Estado, la creciente corrupción e impunidad, y la desconfianza hacia las instituciones.

Que a pesar de que el Estado de Guatemala ha adoptado desde hace 60 años todos los instrumentos internacionales de reconocimiento de derechos de los migrantes, su aplicación interna es lenta e insuficiente. Fue hasta 1998 que se aprobó la Ley de Migración y su reglamento, complementada en 2006 por la Ley de Nacionalidades y su reglamento, que lo compromete a recibir y proteger refugiados. En 2016 se aprobó el Código de Migración, que introdujo un equilibrio de enfoque entre derechos humanos y seguridad, buscando atender las nuevas dinámicas migratorias regionales; sin embargo, su arquitectura institucional sigue siendo débil y concentrada territorialmente, y está sobradamente rebasada por los crecientes flujos de migrantes en tránsito y solicitudes de refugio.

Que, por otro lado, siendo Guatemala un país con casi un 20% de población migrante, cuyas remesas explican en gran medida el crecimiento económico en 2021, réplica, sin embargo, como país de tránsito, prácticas violatorias de los derechos humanos de los migrantes, las que también sufren los guatemaltecos en México y Estados Unidos. La inseguridad, los riesgos y las amenazas a la integridad física y psicológica de los migrantes y sus familias se incrementaron en los últimos años debido a la presencia del crimen organizado y la debilidad de las instituciones pertinentes en los países de tránsito para garantizar su protección.

Recomienda:

Al Presidente de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores, promover un mecanismo de diálogo político permanente con sus similares de México y Estados Unidos a fin de reducir los riesgos de los migrantes irregulares y garantizar el respeto de sus derechos básicos. A mediano plazo, trazar una política robusta de migraciones regulares, a través de un significativo aumento de las visas temporales de trabajo, que facilite un ciclo migratorio seguro y ordenado.

A la Autoridad Migratoria Nacional y al Instituto Guatemalteco de Migración, promover su propio fortalecimiento y desconcentración institucional, así como el desarrollo de normativas y procedimiento que les permitan cumplir su mandato constitucional y compromisos internacionales de brindar la protección a todas las personas en condiciones de movilidad, sin ningún tipo de discriminación o limitación.

Guatemala, 18 de diciembre de 2021 

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