- Organizaciones señalan que efectos de la pandemia plantean una amenaza global que requiere una respuesta global.
- Aseguran que la exclusión de oportunidades crea un terreno fértil para movilizar las quejas grupales hacia la violencia.
Las instituciones de Derechos Humanos de Latinoamérica realizaron una solicitud vehemente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para impulsar una agenda de desarrollo inclusiva y sostenible que ayude a mitigar los graves efectos de la pandemia ocasionada por el COVID 19, no solo en esta región, sino también a nivel mundial. La solicitud se hizo de forma escrita a través de una carta firmada por los representantes de las instituciones nacionales de derechos humanos de Costa Rica, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, con el apoyo de 22 organizaciones de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, el pasado 31 de mayo. La misiva fue enviada a António Guterres, Secretario General de la ONU, y Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, con copia a Tijjani Muhammad-Bande, Presidente de la Asamblea General de la Organización. En la carta, los firmantes manifiestan su preocupación por los efectos que la pandemia está ocasionando en América Latina y en el mundo.
“El virus no solo plantea una crisis de salud, sino que también trae una serie de daños colaterales que se extienden al ámbito económico, social y humanitario; efectos que tendrán repercusiones en los próximos años y causarán un inmenso sufrimiento humano”, indica la nota. Actualmente, el virus ocasionado por el COVID 19 ha infectado a más de 6 millones de personas a nivel mundial, ha ocasionado la muerte de más 372.000 habitantes (43.000 de ellos en Latinoamérica) y mantiene a 4.000 millones de personas en confinamiento. Adicionalmente, la pandemia ha tenido un impacto económico severo: la OIT estima que 1.250 millones de personas estarán desempleadas o verán una reducción de sus ingresos, que habrá un impacto devastador en 1.600 millones de trabajadores de la economía informal y más de 430 millones de empresas en todo el mundo. Por esa razón, las organizaciones agregan que las perspectivas futuras son desalentadoras al tomar en cuenta la reducción de las economías, el desempleo, el aumento de las desigualdades, la polarización, el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, y de las quejas, y que el descontento social puede dar lugar a conflictos violentos. En ese sentido, plantean la urgencia de garantizar que las sociedades sean resilientes, al incluir una agenda de desarrollo inclusivo y sostenible.
“Abordar las desigualdades, la exclusión y las denuncias, hacer que las instituciones sean más inclusivas y garantizar que las estrategias de desarrollo no dejen a nadie atrás, son fundamentales para prevenir la desintegración del tejido social que podría estallar en una crisis”, señala la misiva. Otras de las preocupaciones mencionadas se relacionan con:
- Que la mitigación de los impactos de la pandemia, en algunos casos, se ha utilizado como una excusa para socavar la democracia y los derechos humanos.
- Las consecuencias económicas son masivas, tomando en cuenta que el Banco Mundial señaló que viene una recesión económica severa y la FAO alertó sobre la necesidad de garantizar la cadena de suministro y la producción de alimentos, y sobre la amenaza para la seguridad alimentaria de todo el mundo.
- El aumento dramático del número de mujeres, niñas y niños que enfrentan abusos en casi todos los países.
- El incremento en la discriminación de diferentes poblaciones como migrantes, indígenas, afro y LGBTI, entre otras.
- El impacto del virus en millones de refugiados, personas desplazadas, ancianos, personas con discapacidad, personas que viven en pobreza y pobreza extrema, y personas en zonas afectadas por conflictos.
Las organizaciones explican que es necesario un mensaje claro de que la prevención, con un enfoque de derechos humanos, es esencial para enfrentar los efectos colaterales de la pandemia, y que para hacer frente a la recesión y construir y mantener la paz, los estados deben incluir en su planificación posterior al COVID-19, las raíces de la desigualdad, la exclusión, la discriminación y las violaciones graves de los derechos humanos.
Guatemala, 9 de junio de 2020
