Con el objetivo de coadyuvar a establecer acciones conjuntas y coordinadas de las autoridades para resolver las condiciones de movilidad de las personas retornadas y los riesgos que afrontan al utilizar transportes alternativos, la Defensoría de las Personas Usuarias del Transporte Público de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) realizó, el 8 de marzo, una verificación en atención a quejas de vecinos de las colonias Nimajuyú y Justo Rufino Barrios, zona 21 capitalina, quienes indicaron que ha disminuido la flota de autobuses que presta el servicio de transporte colectivo; además, varios pilotos continúan cobrando el pasaje a las personas de 60 años y más, pese a que el Decreto 80-96 les exonera del pago del mismo.
En ese sentido, se contabilizó que la empresa Transurbano Siga anteriormente contaba con seis autobuses; de la empresa Tikal había 28 unidades y actualmente hay de 23 a 27. El sistema de cobro es prepago en dos categorías: Transurbano Siga y el Sistema de Recaudo Municipal de Guatemala.
También se dio seguimiento a una queja ciudadana acerca del registro de asaltos en los autobuses. Al respecto, se entrevistó a los pasajeros, quienes confirmaron la situación. Se consultó a personal de la empresa Tikal, S.A. manifestando que diariamente se registran al menos tres robos a unidades de estas empresas.
Se estableció comunicación con los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el lugar, quienes expresaron que, en el área designada para prestar seguridad, no han tenido reporte de asaltos y que los mismos se registran principalmente en los alrededores del Obelisco, por lo que establecerán comunicación con el Director General de la Policía Municipal, para coordinar acciones de protección para los usuarios del transporte y pilotos.
Al realizar la verificación de las rutas 256 y 257 de Transurbano Siga que cubren San Miguel Petapa a la ciudad capital se constató que el servicio estaba paralizado debido a un hecho de tránsito en el cual perdió la vida una persona que viajaba en motocicleta.
Guatemala, 11 de marzo de 2024.
