El 22 de mayo, representantes del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) en Izabal verificaron los protocolos de actuación de las autoridades del Ministerio Público (MP), Policía Nacional Civil (PNC), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Registro de Identificación Catastral (RIC), quienes llevaron a cabo una diligencia de desalojo en la finca Tzinte del municipio de El Estor, por orden del Juez de Paz de ese municipio.
Previo a llevar a cabo la diligencia de desalojo, se dio un tiempo prudencial a las personas que ocupaban la finca quienes manifestaron que se retirarían de la propiedad de forma voluntaria y pacífica.
Asimismo, el propietario del inmueble ofreció alojamiento por tres meses, alimentos y transporte a las familias que fueron afectadas; sin embargo, optaron por no aceptar, saliendo de la propiedad por sus propios medios.
El 23 de mayo, el personal del PDH verificó una denuncia difundida en redes sociales respecto del abandono de mujeres y niños en la finca que fue objeto de desalojo judicial el 21 de mayo.
En la diligencia no se encontraron a niños ni mujeres en el lugar; sin embargó, se observó que había personas sacando un aproximado de 20 sacos de maíz del inmueble que el propietario del terreno les entregó.
Izabal, El Estor, 24 de mayo de 2024.
