El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, declaró, el 12 de agosto, la violación del derecho humano a la educación de los alumnos del sector público, señalando como responsable a la ministra de Educación, Claudia Patricia Ruiz Casasola, en virtud de no garantizar, en su totalidad, las medidas de bioseguridad que permitan un regreso seguro a clasesy así propiciar su desarrollo socioemocional, aprendizaje y las condiciones óptimas para el resguardo de los estudiantes en los establecimientos, esto como resolución del expediente REF.EXP.4384-2022, iniciado según denuncia presentada por la diputada Ana Lucrecia Marroquín Godoy de Palomo.
Al respecto, el PDH recomienda a la Ministra de Educación implementar, de manera urgente, las siguientes acciones:
- Crear un programa encaminado a que todos los planteles educativos públicos cuenten con el presupuesto suficiente para adquirir los insumos necesarios que les permita cumplir con el protocolo de prevención de contagios de COVID-19.
- Velar porque todos los establecimientos educativos públicos cuenten con suficiente personal de mantenimiento, garantizando, de esta forma, que las instalaciones utilizadas por los educandos estén en condiciones de higiene necesarias, especialmente los servicios sanitarios, aulas y lugares implementados para que los alumnos consuman sus alimentos.
- Garantizar que todos los planteles educativos públicos cuenten, de forma ininterrumpida, con el servicio de agua potable, especialmente aquellos que están en el área rural, con el objetivo de que los alumnos puedan realizar el lavado de manos constante, como una medida primordial en la prevención del contagio de COVID-19.
- Realizar las gestiones necesarias para que, de forma progresiva, todas las escuelas e institutos públicos del país puedan ser objeto de trabajos de reparación y mantenimiento estructural, encaminados a que los alumnos cuenten con las mejores condiciones para recibir sus estudios.
- Realizar verificaciones periódicas en los planteles educativos públicos para garantizar el cumplimiento de las normativas establecidas para la implementación y control de infecciones por SARS-CoV-2 en los centros del Sistema Educativo Nacional, esto con el fin de resguardar la salud e integridad de los alumnos y del personal docente.
Guatemala, 17 de agosto de 2022.
