La Corte de Constitucionalidad confirmó resolución con la que se ordena a la a la Distribuidora de Energía Eléctrica de Occidente (DEOCSA) no suspender el servicio de energía eléctrica de forma colectiva y generalizada a la población en comunidades de Retalhuleu y Quetzaltenango, luego de una acción de amparo presentada por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade.

Entre las comunidades están: Caballo Blanco, La Montaña, parcelamiento Santa Fe, aldeas Blanquita, Biloma, Las Palmas y Santa Isabel, en Retalhuleu.
Así también, parcelamiento El Reposo, El Reposo AN3, El Reposo D, El Reposo B1, El Reposo B2, La Pampa, San Roque y caserío Cabañas del municipio de Génova Costa Cuca, Quetzaltenango.