La Defensoría de las Personas Usuarias del Transporte Público de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) llevó a cabo una serie de verificaciones a las acciones y los operativos realizados por delegados de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), la Dirección General de Transportes y el Departamento de Tránsito, del 26 al 31 de marzo, por el asueto de Semana Santa.
Al respecto, se realizaron verificaciones en los kilómetros 10, 13, 28, 36, 39 y 46.5 en la carretera CA-09 Sur y en la terminal de autobuses ubicada en la 41 calle de la zona 8 capitalina; así como en los kilómetros 21 en jurisdicción de Azacualpilla, kilómetros 33 y 56 de la carretera CA-09 Norte, Sanarate, El Progreso y en el kilómetro 72 de la carretera CA-01 Occidente, Patzicía, Chimaltenango.
Entre los hallazgos evidenciados en las verificaciones se constató que algunas instituciones responsables del tránsito y transporte público de pasajeros mostraron variaciones en cuanto al cumplimiento de sus programaciones de operativos, por lo que se recomendó mejorar los planes. También se evidenciaron cobros superiores a los autorizados en el transporte público colectivo, debido a que fue insuficiente la cantidad de inspectores para mantener el control de más de 23 mil autobuses autorizados. Además, en varios casos los conductores circulaban a velocidades superiores a las permitidas, evidenciando que las autoridades únicamente realizaron presencia preventiva y no sancionatoria. Por otro lado, se instalaron campamentos de prevención de hechos viales en ruta al Pacífico, en los cuales se realizaron actividades lúdicas.
Las unidades de autobuses, en general, resultan antiguas u obsoletas, con inadecuado mantenimiento, por lo que representa un riesgo para las personas usuarias. La cantidad de sanciones impuestas por las autoridades fue poca en relación con el número de transgresiones en el tránsito y transporte colectivo registradas durante la Semana Santa. Por su lado, Provial mostró buena organización y cumplimiento de su plan operativo, lamentablemente no cuenta con la facultad para sancionar. Dicha institución instaló equipo radar para medir la velocidad de los conductores a manera de prevención. Se estableció que realizaban la verificación de la documentación y el seguro obligatorio vigente.
Por parte de la institución del PDH se dio atención a las quejas ciudadanas in situ y por medio del centro de llamadas 1555, respecto de las violaciones a los derechos humanos de las personas usuarias del transporte público.
Guatemala, 2 de abril de 2024.
