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65/21 Pronunciamiento del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas Andrade, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo

Los impactos del Covid-19 han degradado las condiciones de vida de los y las trabajadoras y sus familias, reforzando los factores de expulsión migratoria, y ante esta crisis recomiendo al Congreso de la República y al poder Ejecutivo emprender una vigorosa política pública integral de generación de empleo digno y un ambicioso programa de formalización del trabajo para restaurar derechos laborales y elevar los rendimientos de los trabajadores a fin de reducir la pobreza

Cada 1 de mayo los trabajadores del mundo y de Guatemala reivindican las conquistas alcanzadas históricamente en el reconocimiento de los derechos laborales, que han quedado plasmados en los pactos sociales nacionales, en convenciones internacionales y normativas específicas. En las últimas cuatro décadas el afán de los trabajadores ha sido evitar la pérdida de derechos y procurar su cumplimiento, a lo cual se resisten muchos patronos, mientras que los gobiernos se muestran débiles en el tutelaje de tales derechos. Para citar un ejemplo, de acuerdo con cifras oficiales, más del 70% de los patronos formales incumplen el pago del salario mínimo, sin consecuencias legales.

La estructura del empleo de una nación -su cantidad y calidad- expresa su nivel de bienestar y desarrollo, así como sus grandes obstáculos y contrastes. En Guatemala, tras los impactos de la pandemia del Covid-19, la población que trabaja en la informalidad se incrementó en casi 10 puntos porcentuales y ronda ahora el 80% de la fuerza laboral. El trabajo en la informalidad significa sobreexplotación y despojo de los derechos consagrados en la Constitución Política de la República, el Código de Trabajo y convenciones internacionales. Más del 90% de los trabajadores informales sobreviven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, emplean entre 12 y 16 horas al día para obtener ingresos que les impiden adquirir la canasta básica, sus niveles de productividad son muy bajos, carecen de protección social, asistencia técnica, acceso al crédito y derechos de pensión.

El empleo formal, por tanto, absorbe apenas a uno de cada cinco personas en edad de trabajar. La crisis sanitaria sufrida durante el último año ha arrasado, según estimaciones de organismos internacionales, más del 10% de las plazas formales de trabajo. La desprotección de esta fuerza laboral vulnera sus derechos laborales adquiridos y degrada sus condiciones de vida. Literalmente esta fuerza laboral ha pasado a condiciones de pobreza y ha perdido capacidades de financiar su salud, educación y transporte, en un contexto en el que el Estado está básicamente ausente en la prestación de servicios

básicos a la población.

A estas condiciones críticas se agrega la carencia de políticas públicas robustas de generación de empleo y la inacción gubernamental para mitigar las condiciones de vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras en la informalidad. La concurrencia de esta triple crisis -económica, social e institucional- ha reforzado los factores de expulsión de fuerza laboral hacia Estados Unidos y México, principalmente. La masividad de las migraciones irregulares, los crecientes riesgos y amenazas contra la integridad de las personas migrantes irregulares y las restricciones de paso en fronteras militarizadas, es el pre-anuncio de la conformación de una crisis humanitaria de grandes dimensiones.

Por estas razones, RECOMIENDO a las altas autoridades del Estado adoptar vigorosas políticas de generación de empleo y de tutelaje de los derechos laborales, que incluyen:

a) Acciones decididas que faciliten la formalización de al menos 1 millón de trabajadores en los próximos dos años, mediante la coordinación interinstitucional del Ministerio de Trabajo y Asistencia Social, la Superintendencia de Administración Tributaria y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La formalización del empleo -que incluye el cobro del monotributo anual o semestral- restaurar derechos laborales de seguridad social, protección en caso de discapacidad y cobertura de retiro, además de acceso a créditos blandos y asistencia técnico-administrativa para elevar la productividad del trabajo;

b) Emprender un esfuerzo fiscal desde el Congreso de la República y el poder Ejecutivo, alineando diferentes programas y fideicomisos, para implementar una política pública de largo aliento para la generación de empleo decente basado en el fortalecimiento y multiplicación de micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales ya generan más del 70% del empleo formal;

c) Desarrollar un esfuerzo integral de fortalecimiento de la economía y del empleo agro-industrial, artesanal y textil, que incluya a diversos agentes económicos y sociales en las comunidades. Es de vital importancia el despliegue de extensionistas agro-industriales, la generación de centros de capacitación para el trabajo pertinente, que estén desconcentrados y descentralizados, así como el acceso a créditos concesionarios y la integración de mercados internos y regionales, todo lo cual debe ser complementado con

programas robustos y eficientes de transferencias, atención primaria en salud y recuperación de la cobertura escolar, y

Finalmente, los diferentes sectores de la sociedad civil, incluyendo la comunidad migrante, deben presionar al Estado a fin de formular y negociar en un esquema regional con la administración del presidente Joe Biden una política de largo plazo de migración regular de carácter temporal, que gane en seguridad, restituya los derechos laborales de los migrantes, mitigue los impactos de las rupturas familiares y genere ahorro interno para la mejora de las condiciones de vida de los migrantes y sus familias.

Guatemala, 1 de mayo de 2021. 

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