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56/22 Yo, Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos, a la opinión pública nacional e internacional, expreso que la solicitud de mi remoción, planteada por algunos diputados, carece de fundamento legal

Manifiesto:

Que una vez más, a menos de tres meses de entregar el cargo, algunos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República insisten en mi remoción, sin causa justificada. Por esa razón, ayer, 31 de mayo, fue presentado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad.

Mi enérgico rechazo a las actitudes racistas y misóginas de los diputados Antonio Arenales, Aníbal Rojas, Álvaro Arzú y Julio César López. Un digno integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República jamás vulneraría los derechos de una mujer maya, la Procuradora de Derechos Humanos en funciones, licenciada Miriam Roquel Chávez, quien asistió en mi representación a la citación de la referida Comisión, ayer día 31.

Expreso:

Mi gratitud a las organizaciones de la sociedad civil, representantes acreditados de la comunidad internacional y a las entidades defensoras de los Derechos Humanos que me han expresado su solidaridad frente al hostigamiento continuado de ciertos diputados.

Mi reconocimiento a todas las personas trabajadoras de la institución del Procurador de los Derechos Humanos por su mística y alto compromiso profesional en la promoción y defensa de los derechos humanos de todos los habitantes, que han demostrado en todo momento.

Hago patente:

Que la Constitución Política de la República establece que el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa y promoción de los derechos de todos los habitantes, por lo cual reafirmo mi deber y empeño de continuar cumpliendo el mandato constitucional que me fue conferido en agosto de 2017.

Que la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos (Decreto 54-56) cita con claridad las causas para la remoción del Procurador de los Derechos Humanos, y ninguna ha sido invocada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Por tanto, la solicitud de mi remoción del cargo carece de fundamento legal.

Guatemala 1 de junio de 2022 

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