Recuerda:
Que el 31 de mayo de 1985 la Asamblea Nacional Constituyente promulgó la Constitución Política de la República, un pacto social plenamente garantista de los derechos humanos y que declara su piedra angular en la realización del bien común. Es, además, una de las constituciones con mayor periodo de vigencia en la historia de Guatemala.
Señala:
Que derivado de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, derechos fundamentales como la salud, educación, trabajo, seguridad, acceso al agua, a la alimentación y a un ambiente sano, entre otros, han sufrido retrocesos alarmantes que comprometen el futuro del país e impactan de manera adversa sobre todo en las zonas rurales y en las poblaciones estructuralmente vulnerables.
Que las condiciones históricas de exclusión social, política y cultural se han reforzado en los últimos años, provocando mayores flujos de migración irregular y elevando los niveles de pobreza, pobreza extrema, enfermedad y hambre, y ampliando la brecha de desigualdad social. En esas condiciones, los preceptos de la Constitución, incluyendo la vigencia de las libertades civiles y políticas, están cada vez más lejos de cumplirse.
Expresa:
Que, aunado a esto, en los tres últimos años varios eventos, algunos de ellos continuados, han venido rompiendo el orden jurídico-político de la República. Por ejemplo, la desobediencia de los tres poderes del Estado a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, que tienen carácter inapelable y, sin embargo, no han acarreado consecuencias legales ni políticas para los más altos funcionarios; después de 30 meses, el Congreso de la República sigue sin integrar las altas Cortes del Organismo Judicial, transgrediendo su periodo constitucional de cinco años; una serie de actos irregulares han estado presentes en la integración de la nueva Corte de Constitucionalidad y en la designación de Fiscal General para el periodo 2022-2026, acumulando déficit de legalidad y mayor desconfianza de la población en las instituciones de justicia. Hay también señales preocupantes de debilitamiento y parcialidad del Tribunal Supremo Electoral, que en 2023 debe organizar el proceso de elecciones generales con garantías de imparcialidad, integridad del voto y aplicación estricta de las normas de financiamiento de campaña.
Que en los monitoreos y supervisiones que realiza cotidianamente la institución del Procurador de los Derechos Humanos, a través de las Defensorías y Auxiliaturas, se han identificado y señalado las debilidades en todas las ramas y niveles de la administración de Gobierno que impiden el cumplimiento de las garantías constitucionales y de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de los que el Estado de Guatemala es parte.
Alerta:
A la ciudadanía y a las fuerzas vivas de la nación que adhieren a los principios y valores democráticos, ante las amenazas contra el orden republicano, el cierre de los espacios de participación civil y política, y los riesgos de un quebrantamiento definitivo de la Constitución Política de la República. Insta a estos sectores a defender nuestra Carta Magna, resistir ante las regresiones democráticas y no caer en la trampa de la desinformación y la polarización inducida.
Recomienda:
A quienes constituyen la reserva moral de la sociedad y del Estado a ser fieles a la Constitución, velar por la integridad de las instituciones democráticas y defender con ahínco el principio de legalidad.
Guatemala, 31 de mayo de 2022