Expresa:
Que tras la publicación en 20 medios de comunicación internacionales de gran prestigio e impacto en la opinión pública acerca de actividades irregulares de la minera rusa Solway (mina Fénix, Mayaníquel, CGN-Pronico) en El Estor, Izabal, el periodista comunitario Carlos Choc Chub está siendo nuevamente blanco de persecución, mediante hostigamiento legal y amenazas directas.
Que a finales de 2021 su vivienda fue allanada ilegalmente por elementos del Ejército, la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público. Sustrajeron su equipo de trabajo y fue acosado y sistemáticamente vigilado. También ha sido permanentemente atacado por autoridades de la Gobernación Departamental y el gobierno municipal.
Manifiesta:
Que las comunidades de El Estor también han denunciado que el Ministerio de Energía y Minas excluyó a las autoridades ancestrales y alrededor de 90 comunidades del proceso de consulta popular.
Que el periodista Choc Chub está siendo sindicado, junto a once miembros de los Cuatro Consejos de las Autoridades Ancestrales Maya Q'eqchi', por el delito de instigación a delinquir. Una de las autoridades ancestrales fue detenida y ligada a proceso.
Que organizaciones sociales de la región, entre ellas la Gremial de Pescadores, los Cuatro Consejos de las Autoridades Ancestrales Maya Q'eqchi' de El Estor, la Defensoría Q'eqchi', así como el medio Prensa Comunitaria, están siendo criminalizadas por los organismos del Estado.
Recomienda:
A las autoridades judiciales, garantizar el debido proceso para asegurar que el derecho penal no sea utilizado como una forma de coartar la libertad de emisión del pensamiento y el derecho de informar y de estar informados de manera independiente.
Al presidente de la República, le reitera la urgente necesidad de implementar el Programa de Protección a Periodistas.
Guatemala, 30 de marzo 2022.