Expresa:
Su rechazo y condena por la conducta violenta y desproporcionada de elementos de la empresa de seguridad subcontratada por el Grupo Cayalá, propietario de Ciudad Cayalá, zona 16. En el vídeo que circuló en redes sociales desde el pasado día 27 se observa a los guardias agrediendo física y verbalmente a un grupo de menores de edad en condición de mendicidad.
Su reconocimiento a los ciudadanos que documentaron estos hechos y dignamente enfrentaron la actitud agresiva y amenazante de los guardias.
Informa:
Que la Auxiliatura de Guatemala Central de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos abrió expediente, presentó denuncia ante el Ministerio Público y dará seguimiento al caso.
Recuerda:
Que el Decreto 52-2010, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada establece la obligación de los prestadores de servicios de seguridad privada de capacitar a su personal en derechos humanos y uso de la fuerza, enmarcados en los estándares internacionales.
Que son atribuciones de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada supervisar y fiscalizar a las empresas de seguridad para garantizar que cumplen estrictamente los planes y programas de selección, capacitación y entrenamiento de su personal. Asimismo, está facultada para calificar infracciones e imponer sanciones de conformidad con la ley.
Recomienda:
Al Ministro de Gobernación, girar instrucciones a la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada para fiscalice a la empresa de seguridad subcontratada por el Grupo Cayalá y determine las infracciones y sanciones que corresponden.
Al Ministerio Público, investigar y procesar a todos los responsables por estas agresiones.
A la Procuraduría General de la Nación, apersonarse como querellante adhesivo en el caso de los niños agredidos en Ciudad Cayalá.
Guatemala, 30 de marzo de 2022