Expresa:
Su condena y pesar por el atroz asesinato de la niña Sharon Jasmine Figueroa Arriaza. Su pésame y profunda solidaridad con la familia, amigos y la comunidad de Melchor de Mencos, Petén, a la que Sharon pertenecía. Asimismo, manifiesta su profunda preocupación y alarma por el asesinato de niñas, niños y adolescentes, que han recrudecido en los últimos meses.
Su preocupación porque el Estado permanece muy lejos de cumplir con las garantías de protección de los derechos de la niñez y adolescencia, y Guatemala sigue registrando uno de los más altos índices de violencia en América Latina y el Caribe, particularmente de violencia sexual y abuso contra poblaciones vulnerables.
Informa:
Que la Auxiliatura de Petén abrió expediente y dará seguimiento a las acciones realizadas por las dependencias gubernamentales encargadas de la investigación de este caso.
Recuerda:
Que la Constitución Política de la República establece que el Estado se organiza para proteger la vida de la persona y la familia.
Que en 2020, a la ya grave condición de la mayoría de niñas, niños y adolescentes, se sumó la pandemia de la Covid-19 que aumentó la vulneración de sus derechos.
Recomienda:
Al Presidente de la República, emprender las acciones oportunas para la lucha contra la violencia en todas sus formas que afecta a niñas, niños y adolescentes.
Al Ministerio Público, investigar y encausar penalmente a los responsables de la muerte de Sharon Jasmine Figueroa Arriaza.
Al Ministerio de Gobernación, en congruencia con las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, promover un marco de coordinación nacional que incorpore dimensiones de género en la violencia contra las niñas y niños, y que tome en cuenta los factores de riesgo a que se enfrentan en sus entornos. Que, por conducto del Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, redoble esfuerzos para prevenir actos violentos en contra de niñas, niños y adolescentes.
A la Procuraduría General de la Nación que, en el marco de sus atribuciones, contribuya técnicamente en la investigación de los casos de asesinatos y violencia contra niñas, niños y adolescentes, emitiendo opiniones jurídicas fundamentadas en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos de la niñez.
Al Consejo Nacional de Seguridad del Gobierno de la República, formular políticas y estrategias de seguridad y enfocar la seguridad democrática como un bien público, generando condiciones para que la sociedad participe y aporte en el diagnóstico y solución de esta problemática.
Guatemala, 10 de febrero 2021