Expresa:
Que la corrupción es un mal endémico con impactos dañinos en la calidad de vida de los habitantes; carcome el Estado de Derecho y aniquila las libertades democráticas. Vulnera los derechos humanos, pues menoscaba el acceso a los servicios esenciales y niega las oportunidades de realización de las personas.
Que la corrupción organizada a través de redes y estructuras criminales es una avenida de doble vía en la que operan con impunidad corruptos y corruptores que han recapturado el sistema de justicia, anulando el sistema de contrapesos del régimen republicano, a la vez que encaminan a Guatemala hacia una deriva riesgosamente autoritaria.
Que en los dos últimos años deliberadamente han sido debilitados los mecanismos anti-corrupción del Estado, mientras los operadores de justicia independientes son acosados, y los defensores y defensoras de los derechos humanos y la prensa independiente son blanco de ataques y campañas de difamación y calumnia que contienen mensajes de odio, a través de net center financiados por las redes de corrupción, y son hostigados penalmente.
Que todas las mediciones y sondeos de opinión a nivel nacional confirman que la gran mayoría de los habitantes condena la corrupción y subrayan que los problemas del país comenzarán a resolverse en la medida en que los responsables sean debidamente procesados. Por otro lado, el país comienza a sufrir el aislamiento del concierto de las naciones democráticas por los retrocesos registrados en el último tiempo en la lucha contra la corrupción.
Recuerda:
Que Guatemala es Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y adquirió compromisos para la prevención y el combate de estos flagelos. Uno de esos compromisos, en el marco del respeto de los derechos humanos, fue el acuerdo de cooperación a través de la CICIG y su legado institucional, la FECI/MP, y ambas instancias han sido desmanteladas o neutralizadas, justamente cuando cumplían de manera plena sus misiones.
Recomienda:
A las autoridades del Ministerio Público y a sus fiscalías,
● No abandonar en este periodo crítico de la historia del país su visión, misión y objetivos, que se desprenden de la Constitución Política de la República, su Ley Orgánica y los convenios internacionales de los que hace parte, de perseguir y procesar a individuos, redes y estructuras comprometidas en actos de corrupción en todas sus escalas y sin importar su posición de poder.
A todas las instancias del Organismo Judicial,
● No permitir el debilitamiento e instrumentalización del Estado de Derecho; impedir la persecución y el acoso arbitrario y vengativo en contra de los jueces y juezas independientes, y aplicar la justicia con objetividad e imparcialidad.
Insta:
A la sociedad civil,
● Continuar fiscalizando todos los poderes del Estado, presentar las denuncias correspondientes, a la vez que las recomendaciones para implementar procesos de transparencia en la administración pública, pues sus actos de incidencia constituyen por ahora uno de los pocos contrapesos en la República, no obstante la criminalización de la que sus líderes e integrantes han sido objeto.
Guatemala, 9 de diciembre 2021