Expresa:
Su reconocimiento a la ardua y comprometida labor de las mujeres que día a día protegen y promueven los derechos humanos de distintos grupos de la población, contribuyendo a fortalecer las redes ciudadanas de defensa y solidaridad, así como la lucha contra la desigualdad de género y la estigmatización y estereotipos arraigados en la sociedad.
Recuerda:
Que las mujeres defensoras enfrentan los mismos desafíos y amenazas que los defensores de derechos humanos, más otros obstáculos y riesgos derivados de su género en sociedades patriarcales.
Que si la tarea de los defensores de derechos humanos es atacada y criminalizada por funcionarios autoritarios y estructuras de opresión, la de las defensoras es doblemente socavada porque, además, sobre ellas recae el estigma de que las mujeres no deben dedicarse a asuntos civiles y políticos.
Que la labor de las defensoras de derechos humanos abre espacios a la participación de las mujeres en la vida cívica y política, por tanto, en la toma de decisiones, lo que contribuye a afianzar la democracia, la justicia, la paz y el desarrollo.
Que, por esas razones, en 2005, en la Primera Consulta Internacional de Mujeres Defensoras, que se realizó en Sri Lanka, fue proclamado el 29 de noviembre de cada año como el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, que fue reforzado en 2013 con la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las Defensoras. Esta declaración subraya la recomendación a los Estados parte de garantizar condiciones adecuadas para que las defensoras puedan ejercer su trabajo, independientemente de cuáles derechos defiendan y dónde lo hagan.
Manifiesta:
Su preocupación por los ataques que las mujeres defensoras sufren en Guatemala, incluyendo encarcelamientos bajo acusaciones insostenibles.
Su preocupación por la prevalencia del pensamiento patriarcal que considera a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría, descalificando su actuación en la vida civil y política del país.
Recomienda:
Al Gobierno de Guatemala, cumplir con su obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, y de propiciar condiciones adecuadas para que las defensoras puedan desarrollar su trabajo, implementando de manera urgente la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, un compromiso de Estado establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de agosto de 2014.
Al Ministerio Público, fortalecer la Agencia Fiscal de Delitos contra Activistas y Defensores, para que pueda llevar a cabo con eficiencia las investigaciones penales en base a múltiples denuncias que ha recibido, y así restituir los derechos violentados de las mujeres defensoras. Asimismo, fortalecer la formación y capacitación de los recursos humanos de la institución para romper el círculo vicioso de criminalización que recae sobre las mujeres defensoras.
Guatemala, 29 de noviembre de 2021.