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207/21 El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, condena el asesinato del dirigente del MLP/Codeca y líder comunitario, Feliciano Apolinario Quiroz, y expresa su preocupación porque en Guatemala se sigue violando de manera sistemática e impune, el derecho a la vida de quienes ejercen sus legítimas libertades civiles y políticas

Expresa:

Su condena por el asesinato de Feliciano Apolinario Quiroz, Secretario del Comité Ejecutivo Municipal del Movimiento para la Liberación de los Pueblos/Comité de Desarrollo Campesino (MLP/Codeca), ocurrido en Puerto San José, Escuintla, el pasado 26 de noviembre, que fue provocado por ataque con arma de fuego de un individuo desconocido, cuando se dirigía a su vivienda, luego de terminar su jornada laboral. El señor Quiroz trabajaba en actividades agrícolas y de salud comunitaria, y aportaba en la formación política de base.

Sus profundas y sentidas condolencias a sus familiares y compañeros de organización, varios de los cuales han sufrido amenazas y atentados por el trabajo que realizan.

Informa:

Que la Auxiliatura de Escuintla abrió expediente y en coordinación con la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, darán el seguimiento que el caso amerita ante las instancias responsables de la investigación penal.

Recuerda:

Que la intolerancia a la diversidad de pensamiento sigue generando violaciones graves de los derechos humanos y de manera alarmante está provocando la vulneración del derecho a la vida e integridad de las personas.

Recomienda:

Al Ministerio Público, una pronta y eficiente investigación para dar con todos los responsables de este asesinato y garantizar que sean sancionados.

Al Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, garantizar la seguridad e integridad de la familia del señor Feliciano Apolinario Quiroz, así como de los integrantes de la organización a la que pertenecía, en particular de quienes han sufrido amenazas y atentados por el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Al Presidente de la República, asegurar el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales del Estado, garantizando la vida, seguridad y libre participación cívica y política de todos los habitantes. En particular, impulsar y aprobar la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.

Guatemala, 28 de noviembre de 2021. 

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