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192/21 En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, manifiesta su preocupación por el deterioro de la libertad de prensa en Guatemala, exacerbado por los ataques sistemáticos contra los periodistas por parte de altas autoridades del Estado, que además han iniciado procesos de criminalización

Manifiesta:

Que según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) entre el 2006 y el 2020, más de 1 mil 200 periodistas fueron asesinados en el mundo, y nueve de cada diez casos permanecen impunes.

Su preocupación por los hechos de violencia contra los periodistas en Guatemala, que han aumentado de manera alarmante en los dos últimos años. La organización Artículo 19, que promueve el respeto de la libertad de expresión y el libre acceso a la información, indica que entre el 2015 y el 2020 se presentaron 646 casos en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, de estos, menos del 5% (29 casos) llegaron a sentencia condenatoria, y en once se emitió sentencia absolutoria.

Que entre enero y octubre de 2021 la institución del Procurador de los Derechos Humanos, ha abierto expedientes en prácticamente todos los departamentos de la República por denuncias sobre agresiones e intimidaciones contra periodistas, así como limitaciones a la libertad de expresión. En consecuencia, se ha pronunciado públicamente condenando los hechos y recomendando a las autoridades del poder Ejecutivo garantizar los derechos de los periodistas y al Ministerio Público investigar los hechos y conducir a los tribunales a todos los responsables.

Expresa:

Que en el transcurso del 2021, las Auxiliaturas y la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, han dado seguimiento a denuncias de periodistas y comunicadores sociales por actos de vulneración del derecho a la libertad de prensa, el libre acceso a las fuentes de información pública, amenazas, intimidaciones y flagrantes actos de criminalización.

Que, por los reiterados ataques, amenazas e intimidaciones, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio del Relator para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villareal, demandó al Estado de Guatemala respetar y garantizar la labor periodística conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Recuerda:

Que la libertad de prensa es el corolario de la libertad de expresión, un derecho básico de toda la humanidad, pues permite el ejercicio de los demás derechos humanos.

Que los Estados parte de las Convenciones internacionales que reconocen los derechos de libertad de expresión y de libre emisión del pensamiento, son responsables de garantizar que las personas que habitan sus territorios puedan ejercer la libertad de expresión y el derecho de recibir información independiente, veraz y objetiva.

Que en Guatemala se atraviesa una etapa de deterioro de la libertad de prensa, exacerbado por los ataques sistemáticos contra los periodistas por parte de las altas autoridades del Estado y los procesos de criminalización que han emprendido.

Recomienda:

A las autoridades de todos los poderes del Estado,

● Garantizar que toda la población pueda ejercer plenamente sus derechos humanos, y que la libertad de expresión y de prensa sean protegidas como bienes públicos fundamentales para el desarrollo de la democracia y la paz.

Al Presidente de la República,

● Le reitera hacer efectivo y funcional el programa de protección a periodistas y comunicadores sociales, compromiso asumido en el Examen Periódico Universal en el 2012.

Al Ministerio Público,

● Le reitera la urgencia de agilizar las investigaciones y la persecución penal en contra de todos los responsables de los hechos denunciados y bajar los altos índices de impunidad de los delitos contra periodistas.

Exhorta:

A la población en general,

● A reconocer y defender el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de acceso a la información pública, así como de los demás derechos humanos inherente a todas las personas.

Guatemala, 2 de noviembre 2021.

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