123/20 Ante la irresponsable actitud de las personas que han vulnerado los protocolos básicos de salud ante la emergencia sanitaria por COVID-19, generando riesgos de contagios, y ante la violación del principio de igualdad ante la Ley por parte de las fuerzas de seguridad, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade,

Manifiesta:

Su condena a las actitudes imprudentes e insensatas de las personas que organizaron y promovieron una reunión de francachela ayer viernes 12 de junio en el local denominado “03” en el centro comercial Condado Concepción, km. 15 de la carretera a El Salvador. Estas personas han violado los principios elementales de sana convivencia, las ordenanzas Presidenciales y el ordenamiento penal y, sin embargo, no han sufrido consecuencias judiciales. Por otro lado, el mismo viernes, mujeres indígenas trabajadoras, de condición humilde, que se atrasaron en el cierre de sus ventas y violaron el toque de queda por pocos minutos, fueron detenidas y enviadas a la cárcel, sin reparo ni consideración alguna. En uno y otro caso, los mandos y agentes de las fuerzas de seguridad, así como los administradores de justicia, aplicaron de manera discriminatoria la acción punitiva del Estado, violando el principio constitucional de la condición ciudadana que se reconoce en igualdad de derechos, obligaciones y dignidad.

Insta:

A la sociedad en general,

• Mantener el confinamiento y distanciamiento físico; evitar aglomeraciones, en particular festivas, en donde el uso común de utensilios y contacto humano se transforma en fuente de contagio inmediata, derivando en daños innecesarios a la salud pública.

En relación al incidente en Tienda 03, que ha llegado a despertar ataques de odio y hasta amenazas a través de las redes sociales,

• Contener la agresividad en contra de las personas implicadas, y demandar que el caso sea procesado conforme al ordenamiento jurídico vigente, a fin de deducir responsabilidades.

Recomienda:

Al Ministerio de Gobernación y Ministerio de la Defensa Nacional,

• Cumplir debida y estrictamente en sus intervenciones el mandato constitucional de igualdad ante la ley y protección de los derechos humanos de todas las personas sin distingo de su condición económica, étnica, de género o etaria.

Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,

• Aplicar inmediatamente test a todas las personas que participaron en la reunión festiva, a fin de contener una probable fuente de contagio masivo del coronavirus.

Al Presidente de la República,

• Garantizar la aplicación de los principios constitucionales de derechos humanos, en particular el principio de igualdad ante la ley, y redoblar las medidas necesarias para la fiel observancia de las ordenanzas presidenciales en materia de salud pública.

Guatemala, 13 de junio 2020