Informe de situación del derecho humano a la información pública 2017

  • Miércoles, 16 Mayo 2018 09:00

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, en cumplimiento con su obligación de informar y rendir cuentas como autoridad reguladora en esta materia, presenta el informe acerca de la situación del derecho humano a la información pública, según las acciones y observaciones institucionales realizadas en 2017.

A nueve años de haber entrado en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) se valoran importantes avances por parte de los sujetos obligados, de cara al cumplimiento de las atribuciones que la Ley establece, particularmente del sector conformado por entidades públicas. Sin embargo, persiste, en muchos casos, la cultura del secretismo y sectores específicos con bajo cumplimiento de sus obligaciones.

Respecto del nivel de cumplimiento, los tres organismos del Estado demostraron avances en cuanto al cumplimiento de la Ley, queda por reforzar a las gobernaciones departamentales que dependen del Organismo Ejecutivo.

Persisten los desafíos debido al bajo cumplimiento en los gobiernos municipales, los consejos de desarrollo, fideicomisos, instituciones del sector deporte y en las entidades no gubernamentales que manejan fondos públicos. De la supervisión a municipalidades resalta que 76 municipalidades de las 340 no cuentan con portal electrónico, herramienta indispensable para cumplir con la publicación de información que requiere la Ley. Además, se pudo establecer que 96 alcaldías a pesar de contar con dicha herramienta incumplen con la publicación de la información de oficio. En total 172 no publican información del gasto público.

En relación con los resultados de la supervisión a 52 organizaciones no gubernamentales, el nivel de cumplimiento de este sector es de 46.27 %. Resalta que 26 sí informan acerca de la ejecución de fondos.  

Se supervisaron 32 fideicomisos de la administración central. De los resultados se desprende que el nivel de cumplimiento es del 55 %. Respecto de la información pública de oficio (LAIP, artículo 10), solamente 7 cumplen con la publicación total de estos datos. De los 13 fideicomisos municipales verificados, ninguno publica toda la información de oficio, es decir que la totalidad incumple con dicho artículo. El nivel de cumplimiento es de 43.08 %.

En cuanto a las conclusiones del informe sobresale que existe un incremento en el ejercicio de este derecho humano por parte de la población. En 2017 se registró el mayor número de solicitudes de información (más de 70 mil) y recursos de revisión. Sin embargo, debe promoverse decisivamente en la población no urbana y en mujeres y sectores vulnerables, debido a que del total de solicitudes de información en 2017, las mujeres requirieron 26 997 correspondiente al 38.79 %.

Existen retos estructurales como la politización, corrupción y desigualdad social en el país que limitan el acceso a la información en comunidades rurales y en grupos vulnerables. La práctica de este derecho se concentra mayoritariamente en las áreas urbanas, puesto que del total de solicitudes de información, más de 59 mil se realizaron en el departamento de Guatemala, por lo que es urgente consolidar los mecanismos para fortalecer el ejercicio de este derecho en las zonas rurales del país.

Es prioritario que los centros educativos cumplan con la obligación de crear una cultura de transparencia mediante la educación formal primaria, básica y superior, con enfoque multicultural, en particular con los grupos vulnerables.

Es fundamental que el Procurador de los Derechos Humanos cuente, como la Ley lo establece, con una partida presupuestaria específica para supervisión y promoción del derecho al libre acceso a la información pública.

Asimismo, es prioritario fortalecer la cooperación con la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, con el objeto de actuar conforme a la Ley en la investigación y sanción de vulneraciones al derecho humano de acceso a la información pública.

También se hace necesario retomar en el Plan de Acción de Gobierno Abierto los temas relacionados con el acceso a la información pública y se continúen con los esfuerzos iniciados para fomentar la cultura de transparencia por medio de la educación y la capacitación, así como la implementación del Portal Único de Solicitudes de Acceso a la Información Pública.

El derecho a la información pública es un derecho humano fundamental. El acceso a la información es imprescindible porque al ejercerlo las personas pueden saber cómo hacerlos valer; además, es clave en el proceso de construcción y consolidación de la democracia y de una ciudadanía activa que hace valer sus derechos humanos.

 

Guatemala, 16 de mayo de 2018

 

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