Tiene por objeto fiscalizar las instituciones del Estado que deben velar por los derechos de las personas trabajadoras, considerando en todo momento el carácter tutelar del derecho laboral y la vulnerabilidad del trabajador ante el patrono. Sus funciones específicas son las siguientes:
- Tutelar los derechos específicos de los trabajadores tanto en el ámbito colectivo como individual.
- Asesorar y acompañar procesos de reivindicación de derechos laborales.
- Participar en espacios de incidencia en políticas públicas en materia laboral y afines.