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221/20 El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, recomienda al Presidente de la República considerar seriamente la disolución de la Policía Militar, y a la Contraloría General de Cuentas auditar y dictaminar sobre la calidad de gasto de este organismo militar en relación a la compra de equipo antidisturbios

Manifiesta:

Su profunda preocupación por el desorden general en la ejecución del gasto público durante los 7 meses de vigencia del Estado de Calamidad y la pérdida del sentido de prioridad de Estado, que es velar por el bienestar y la seguridad de los habitantes. El ejemplo más reciente de este patrón de gasto es la compra de equipo antidisturbios de la Primera Brigada de la Policía Militar de la Guardia de Honor, por Q 1.6 millones.

Su condena al intento de desinformación del Ministerio de la Defensa, al indicar a los medios que el equipo se adquirió para apoyar las Misiones de Paz de las Naciones Unidas, cuando las bases de la licitación expresamente indican el propósito de "contrarrestar o disolver cualquier manifestación civil en el territorio nacional".

Expresa:

Que la Policía Nacional Civil cuenta con la División de Fuerzas Especiales, equipada y entrenada bajo doctrina policial para cumplir funciones de contención y disuasión, según principios de proporcionalidad en el uso de la fuerza y respeto irrestricto a los derechos humanos; por tanto, la compra del equipo destinado a la Policía Militar resulta dispendioso en épocas de confinamiento.

Que, por otro lado, la compra del equipo antidisturbios envía una mala señal del Gobierno sobre su visión del tratamiento de la conflictividad social, justamente cuando ha desmantelado gran parte de la institucionalidad de la Paz y la Comisión Presidencial de Diálogo se ha mostrado inoperante.

Recomienda:

Al Presidente de la República,

-Fortalecer las capacidades institucionales y operativas de la Policía Nacional Civil, en lo concerniente a la seguridad ciudadana, siempre velando por el fiel cumplimiento de sus normas, en el espíritu vigente de los Acuerdos de Paz.

-Reafirmar claramente que la misión del Ejército de Guatemala es salvaguardar la soberanía e integridad del territorio nacional, orientando sus recursos hacia ese propósito y, sobre todo, supervisando cuidadosamente la conducta de oficiales en los vastos territorios con presencia creciente del narcotráfico.

-Considerar seriamente la disolución de la Policía Militar, creada en 2015, pues su doctrina no corresponde a los principios de seguridad ciudadana en democracia. Es inadmisible que a la Unidad Antimotines de la Policía Militar se le asigne como misión general "disolver todo tipo de desórdenes y emergencias que ocurran en el territorio nacional, las cuales son generadas por personas antisociales".

A la Contraloría General de Cuentas de la Nación,

-Auditar estrictamente conforme a la Constitución Política de la República, su Ley y Reglamento la adquisición del equipo antidisturbios, y dictaminar sobre calidad de gasto en plena crisis sanitaria, y, en su caso, denunciar a donde corresponda.

Guatemala, 13 de octubre de 2020

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