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225/20 En el 76º Aniversario de la Revolución de Octubre, Guatemala enfrenta una crisis múltiple agravada por la pandemia del COVID-19, y para superarla es indispensable construir un gran acuerdo nacional

Declaración del Procurador de los Derechos Humanos,

Jordán Rodas Andrade

La Revolución del 20 de Octubre de 1944 fue un movimiento promovido por trabajadores, estudiantes, intelectuales y militares, de profundas transformaciones sociales que, a pesar de haber sido revertido diez años después, ha dejado huellas indelebles en la evolución de la sociedad y la economía de Guatemala. Son legados de la Revolución de Octubre la universalización del salario, la seguridad social y la autonomía universitaria, entre otros, que se preservan en la Constitución Política de la República y en sus principios garantistas de los derechos humanos.

Hoy que se conmemora el 76º aniversario de aquella gesta, el país atraviesa una crisis múltiple, agravada por los impactos de la pandemia del COVID-19. Los sistemas de salud y educación han quedado colapsados; las capacidades del Estado de mitigar la extensión del hambre y la pobreza, son notoriamente precarias. Se podrían perder cerca de 250 mil empleos formales y el empleo informal se elevará muy probablemente del 70% al 80% de la Población Económicamente Activa. En el periodo post-pandemia habrá 450 mil nuevos pobres; 435 mil personas descenderán a condiciones de extrema pobreza y alrededor de 3.5 millones de habitantes no tendrán ingresos suficientes para procurar su alimentación. Estamos a las puertas de una crisis humanitaria de grandes dimensiones.

Dados esos graves escenarios, este es un día propicio para asumir como sociedad el compromiso de enfrentar esta crisis múltiple –a la que se le suma la mala gobernanza y el deliberado debilitamiento del Estado de Derecho- construyendo un gran acuerdo nacional en cuya agenda deben ser prioritarios la reforma de los sistemas de salud y educación, el servicio civil y el régimen de compras públicas; una estrategia de agresiva de recuperación del empleo y la defensa del salario; el fortalecimiento de la seguridad social; amplios incentivos a la pequeña y mediana producción en el campo, garantizando la seguridad alimentaria, y robustas políticas sociales y económicas orientadas a abatir la pobreza y la desigualdad social.

Guatemala, 20 de octubre de 2020

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