La Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar (IDGT), llevaron a cabo la presentación virtual del documento "Un éxodo que no se nombra", aproximaciones al desplazamiento forzado interno por violencia en Guatemala (2010-2019), el cual recoge los resultados de las investigaciones que ambas instituciones han realizado en este relevante tema para Guatemala.
En la actividad participaron: la directora del IDGT, Úrsula Roldán; la investigadora de la PDH, Adela Morales y la investigadora de la Universidad Rafael Landívar, Sindy Hernández Bonilla; asimismo, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade y la Procuradora Adjunta, Miriam Roquel. La moderación estuvo a cargo de Lizbeth Gramajo.
La directora del IDGT, Úrsula Roldán, expresó que el desplazamiento forzado interno es un problema de causas estructurales en Guatemala y en otros países de la región, mismo que se hace más complejo por la ausencia de acciones oportunas del Estado y de fortalecimiento de su institucionalidad; asimismo, agradeció al PDH la confianza por poder complementar los conocimientos, información, análisis y propuestas de dicho instituto, con los datos que maneja la PDH acerca de este fenómeno social.
La presentación de los hallazgos del documento fue realizada por la investigadora de la PDH, Adela Morales y Sindy Hernández Bonilla, investigadora de la Universidad Rafael Landívar.
El PDH, Jordán Rodas Andrade, tuvo a su cargo los comentarios finales de la actividad, refiriéndose a que el flagelo del desplazamiento forzado interno por violencia es un fenómeno que ha sido invisibilizado por parte del Estado guatemalteco, por lo que es fundamental que se reconozca que es una cruda realidad que sufren muchos compatriotas en el territorio, es por ello –indicó- que el propósito de este estudio es mostrar las graves repercusiones que causa el desplazamiento forzado en el goce de los derechos humanos.
Finalmente, expresó que es imprescindible que el Estado guatemalteco comience a afrontar el tema, reconociendo la problemática y tomando medidas de protección, asistencia humanitaria y soluciones para que las persona que enfrentan este flagelo tengan una ruta para la búsqueda de una vida digna.
Guatemala, 08 de septiembre de 2020.