El delegado de la Auxiliatura de Izabal de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) verificó que se cumpliera el respeto y la aplicación de los protocolos, internos y externos, ratificados por el Estado de Guatemala, en materia de derechos humanos, acerca de las actuaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN), Registro de Identificación Catastral (RIC) y Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en una diligencia de desalojo en la aldea San Antonio Seja, municipio de Livingston, por orden de la jueza de paz de la comunidad Fronteras Río Dulce.
La diligencia fue suspendida por la jueza a cargo debido a que hay duda de la ubicación exacta de la finca a desalojar, por lo cual se remitió el caso al juzgado contralor del proceso para su análisis.
Izabal, Livingston, 21 de septiembre de 2023.
