Declara:
Que la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene el mandato Constitucional de promover el buen funcionamiento y la agilización administrativa del Estado, también investiga y denuncia comportamientos lesivos y promueve acciones administrativas y judiciales, en los casos en que sea procedente, en aras de garantizar la realización de los derechos de todas las personas. Cuenta con defensorías temáticas especializadas, representadas a través de equipos de funcionarios interdisciplinarios, que están al servicio de todas las personas en el territorio nacional.
Que por su calidad de Comisionado del Congreso de la República, la asignación anual del presupuesto de la Institución depende de ese Organismo, el cual, desde el 2019, ha obstaculizado sistemáticamente la transferencia oportuna de los recursos aprobados, incluso desobedeciendo resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, incluyendo una debida ejecutoria que deberá certificar el Ministerio Público.
Que el retardo ilegal y malicioso abrió un déficit acumulado en dos años de Q 40 millones; sin ese presupuesto la Procuraduría de los Derechos Humanos colapsará en los próximos tres meses, pues la liquidez cubrirá los salarios del personal y el pago de servicios e insumos, hasta agosto próximo. La asfixia financiera le impedirá a la Institución el cumplimiento de su mandato Constitucional. Por tanto, es imperativo y urgente que el Congreso de la República cumpla con su obligación de trasladarle a la Procuraduría de los Derechos Humanos la asignación aprobada en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado correspondiente a los ejercicios fiscales 2020 y 2021, que ha sido reconocida judicialmente.
Guatemala, 6 de mayo de 2021.