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69/21 A un año de gestión de la pandemia del COVID-19, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, presenta una evaluación general y reitera recomendaciones oportunas que, sin embargo, han sido desatendidas por las autoridades pertinentes del Gobierno Central

Manifiesta:

Que las conclusiones que se presentan a continuación son el resultado de supervisiones realizadas hasta abril del presente año y aunque el balance es negativo, se rescata la experiencia que el personal de salud ha ganado para el manejo de los casos y, aunque con muchas limitantes, que los servicios de salud cuentan con áreas COVID-19 desde donde se da respuesta ahora a la tercera ola de contagios.

Conclusiones:

1. La respuesta del Gobierno de la República ante la pandemia por COVID-19 ha estado marcada por grandes desaciertos y opacidad, lo cual ha derivado en la vulneración sistemática del derecho humano a la salud de todos los habitantes. Las autoridades contaron con tiempo valioso para diseñar un plan de respuesta, considerando los recursos disponibles, y aun en el contexto del precario sistema de salud. Con un solo caso confirmado de contagio, decidieron prácticamente cerrar el país, sin haber diseñado una estrategia sustentada técnicamente y que incorporase otros campos impactados por la enfermedad. De ahí que se generó la percepción de que el derecho al trabajo y el sustento de la economía entraban en pugna con el derecho a la salud. Desestimaron la interdependia de los derechos humanos.

2. Aun teniendo disponibilidad de recursos presupuestarios, las instituciones del Gobierno Central no fueron capaces de ejecutar con eficiencia los programas orientados a sustentar la economía familiar de las poblaciones más vulnerables, que son la mayoría: más del 60% que sobrevive en condiciones de pobreza y más del 70% que gravita en el subempleo. Esto derivó en que gran parte de la población rechazó las medidas de prevención y contención. Y un año después la pobreza y el subempleo han escalado a niveles sin precedentes, mientras que los cuadros de desnutrición y hambre se tornaron más críticos.

3. Precisamente la ausencia de un plan de respuesta integrado debilitó el liderazgo y rectoría del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y sus dependencias, y derivó en que la vigilancia epidemiológica fuese precaria, con lo cual fallaron las medidas de contención. Así, se fracasó en la identificación oportuna de los casos y su seguimiento. No hubo cuarentenas oportunas y vigiladas de las personas que ingresaron al país, ni cordones epidemiológicos, ni vigilancia de las fronteras. No se implementaron medidas basadas en casos y la estrategia de encajonamiento fue falaz.

4. A esto se sumó que las disposiciones que corresponden en responsabilidad directa a las altas instancias del Estado, tales como los confinamientos, las restricciones de movilidad, el cierre de fronteras, los estados de excepción y otras, se dictaron sin sustento técnico y al margen de un plan interinstitucional coordinado. Por eso resultaron erráticas e incomprensibles para la población.

5. La respuesta gubernamental de atención directa a pacientes se basó en la habilitación de hospitales temporales especializados, pero no fue eficaz -salvo el de Quetzaltenango- pues, hasta la fecha, carecen de equipo especializado, se registra déficit de personal, continúa el desabastecimiento de medicamentos e insumos, la infraestructura es inadecuada y no existen planes de mejora o fortalecimiento.

6. Derivado de lo anterior, la atención directa a la población contagiada del COVID-19 se dio a través de la red de servicios de salud convencionales. Los servicios hospitalarios fueron sometidos a un doble desafío: atender los casos del COVID-19 y los que corresponden a la epidemiología del país: los derivados de la violencia y accidentes de tránsito, cáncer, enfermedades cardiovasculares y renales crónicas, entre otras, cuya atención es también impostergable. La atención de pacientes COVID-19 se dio a expensas de restar camas y otros servicios al resto de la población que acude a los centros hospitalarios.

7. No se coordinaron -y siguen sin coordinarse- los 3 niveles de atención en salud. Esto ha derivado en que los servicios a pacientes de los niveles 1 y 2 remitan al nivel 3, sin una ruta institucionalizada de referencia y contra-referencia, exponiendo a las personas a que, al presentarse a los hospitales u otros servicios de salud, no se les atienda por la falta de enlaces.

8. Sigue sin existir acceso y disponibilidad de servicios para la atención a la pandemia en el sistema de salud pública. El acceso a las pruebas diagnósticas aún no es universal ni gratuito. En los momentos determinantes de aumento de casos, el manejo oficial se tornó sumamente opaco. No se actualizaron los protocolos ni las guías de vigilancia epidemiológicas a fin de contrastar el número de personas recuperadas con el de casos activos. La información oficial, vertida a través del tablero electrónico, trasladó la falsa sensación de control de la emergencia y la tendencia a la disminución de casos.

9. El Sistema de Alertas Sanitarias para la atención de la epidemia por SAR COV-2 se realizó para montar un escenario que justificase la total reapertura del país. No incluyó indicadores básicos como el número de casos que se complican y necesitan ser hospitalizados (tendencia a hospitalización) ni el índice de ocupación hospitalario, entre otros. Estos datos son vitales, considerando que el sistema hospitalario no cuenta con la capacidad de atender a un mayor número de pacientes: no existe disponibilidad de camas, ventiladores, abastecimiento de medicamentos y equipo de protección personal, tampoco hay espacios en intensivo y el personal está fatigado y desgastado luego de un año de ardua lucha.

10. No se ha establecido un sistema de vigilancia funcional ni de control del cumplimiento de las medidas establecidas en el Sistema de Alerta Epidemiológico por semáforo, que incorporen, además, medidas correctivas y sanciones por incumplimiento. La Multisectorial realiza acciones aisladas de vigilancia, al margen de un plan de acción.

11. La no disponibilidad de vacunas y el fallo en la vacunación ha coronado la cadena de desaciertos y gestión fallida de la emergencia sanitaria por parte de las altas autoridades del Gobierno Central. Considérese, por ejemplo, en el caso de la adquisición de vacunas, que COVAX inició en abril del 2020 y las gestiones oficiales para adscribirse a la plataforma se registraron seis meses más tarde. Esta situación arriesgó el plan de vacuna, porque simplemente no se cuenta con las dosis. A pesar de que la cantidad de vacunas ingresadas es mínima, no hay registro fiable que garantice el resto de las fases y sub fases. Se está vacunando con el mismo personal de los servicios de salud. La cadena de suministros ha sido débil. Hace falta desde lugares adecuados para vacunar, hasta impresoras, equipos de cómputos, etc.La campaña de vacunación carece de una estrategia de Información, educación y comunicación.

12. La creación de estructuras paralelas (COPRECOVID, Comisión Presidencial para la Vacunación, Comité Nacional para la Vacunación contra el COVID-19) ha debilitado la rectoría del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

13. La constante en el manejo de la pandemia ha sido la falta de transparencia, tanto en lo que se refiere a las pruebas diagnósticas para COVID-19 falsas, como los recortes presupuestarios a la red hospitalaria, y el fallido sistema de compras.

14. Desde agosto del 2020, las autoridades del Gobierno Central han evadido su responsabilidad de dar respuesta a la pandemia, trasladándola a la población, sin brindar las medidas de protección para asumir dicha responsabilidad. Eso sí, implantan medidas de excepción para limitar la movilidad de la población y realizar con total discrecionalidad adquisiciones de dudosa prioridad.

Recomendaciones:

- Adoptar un enfoque de derechos humanos en las estrategias y programas para dar respuesta a la pandemia del COVID-19, a fin de disolver el falso dilema salud o economía.

- Fortalecer la rectoría del MSPAS robusteciendo el liderazgo de unidades clave como el Centro Nacional de Epidemiologia, el Programa Nacional de Inmunizaciones y el Programa Nacional de Infecciones Respiratorias Agudas.

- Establecer medidas de prevención y contención a la luz de un plan integrado de acción liderado por el MSPAS, con el sustento técnico correspondiente.

- Fortalecer las capacidades de los hospitales temporales especializados para la atención de pacientes COVID-19, dotándolos de personal especializado, equipo médico, insumos y readecuaciones en la infraestructura.

- Implementar un plan de mejora que incluya la dotación de equipo, a fin de avanzar hacia la modernización de los servicios, incluyendo el manejo de una red de datos única de pacientes usuarios de los servicios del MSPAS, el expediente clínico electrónico, la base nacional de disponibilidad de camas hospitalarias, el sistema de referencia y contra referencia, entre otros.

- Evaluar la reestructuración del sistema de salud pública.

- Encontrar opciones para la atención adecuada de otras enfermedades, que pueden incluir servicios tercerizados, servicios contratados, etc.

- Establecer planes de trabajo en el marco de las acciones integrales de respuesta que garanticen la coherencia del trabajo de los tres niveles de atención.

- Disponer de medidas urgentes que descentralicen la atención en los servicios, enfatizando en las zonas rurales abandonadas.

- Establecer un sistema de información y alerta epidemiológica funcional, que refleje con apego a la realidad la evolución de la pandemia, sustentado en indicadores básicos, fiables y oportunos que garanticen la transparencia para recuperar la confianza de la población.

- Determinar a través del MSPAS sanciones por cumplimiento de las medidas establecidas en los sistemas de alertas epidemiológicos, a fin de establecer precedentes.

- Agilizar las gestiones que competen al MSPAS, como ente rector, para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, asegurando la inmunización de la siguiente fase de vacunación y del resto de los habitantes. Publicitar los documentos de adquisición de vacunas.

- Fortalecer la rectoría del MSPAS robusteciendo el liderazgo de unidades clave como el Centro Nacional de Epidemiologia, el Programa Nacional de Inmunizaciones y el Programa Nacional de Infecciones Respiratorias Agudas.

- Elaborar un plan de respuesta integral ante la tercera ola de la pandemia por SAR-COV-2, considerando los aprendizajes adquiridos hasta la fecha. Este plan debe incluir líneas estratégicas definidas que deriven en una armonización del trabajo de los tres niveles de atención.

Guatemala, 4 de mayo de 2021. 

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