Expresa:
Que el 3 de mayo de 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que en esta fecha cada año se celebren los principios de la libertad de prensa, reconociendo en el mundo que "una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática".
Que este año el tema del Día Mundial de la Libertad de Prensa es "la información como un bien común", subrayando la importancia de disponer de información verificada y fiable, a la vez de que para producir y difundir esa información es esencial que periodistas profesionales e independientes hagan frente a la desinformación y otros contenidos perjudiciales para la buena convivencia y el reconocimiento de la dignidad de las personas, así como garantizar la transparencia de las empresas de Internet.
Que la libertad de expresión solo tiene los límites de no hacer propaganda en favor de "la guerra y toda apología de odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional".
Manifiesta:
Que el Estado es el garante de todos los derechos humanos, incluyendo la libertad de prensa y de expresión, por lo que debe asegurar condiciones para el ejercicio de tales libertades, así como el acceso a la información pública. Asimismo, para que la población pueda tener una opinión y participar en la toma de decisiones y defensa de sus derechos, es indispensable que esté adecuada y suficientemente informada.
Que el artículo 35 de la Constitución Política de la República reconoce la libertad de emisión del pensamiento, "por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa." Asimismo, señala que "no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos."
Que durante el último año la libertad de prensa en Guatemala se ha visto amenazada y transgredida por actos de intimidación y ataques físicos directos contra periodistas, campañas de difamación, persecución y acoso judicial, descalificaciones abiertas por parte de más altas autoridades del Estado, obstáculos sistemáticos -sobre todo a la prensa comunitaria- para el libre acceso a la información pública y acciones deliberadas de asfixia económica. Asimismo, que se emplean y fomentan, muchas veces por parte de grupos de poder y estructuras criminales, ataques anónimos sistemáticos, francamente difamatorios, en contra de periodistas y personas públicas independientes y críticas frente a las violaciones de los derechos humanos, la corrupción, los abusos de autoridad y el debilitamiento del Estado de Derecho.
Recomienda:
Al Gobierno de la República, garantizar la libertad de expresión, para lo cual un paso fundamental es implementar el Programa de Protección a Periodistas, así como la aprobación de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Garantizar un entorno favorable para que las y los periodistas puedan ejercer su labor con libertad, sin censura, sin temor a represalias o violencia por transmitir información a la población. Cumplir el compromiso de Estado de asegurar que los pueblos y comunidades indígenas tengan acceso a medios propios de comunicación.
Al Congreso de la República, retomar la legislación pendiente para asegurar que los pueblos y comunidades indígenas cuenten con medios de comunicación, asegurando normativamente que las radios comunitarias no sigan siendo criminalizadas.
Al Ministerio Público, garantizar la investigación y persecución penal, pronta y adecuada en los casos en que periodistas han sido atacados y agredidos por ejercer su labor. Así como la objetividad en los casos de radios comunitarias, para evitar la criminalización innecesaria de que son víctimas.
Guatemala, 3 de mayo de 2021.