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63/22 El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, deplora la continua criminalización de defensores de derechos humanos de El Estor, Izabal, que se oponen a las actuaciones ilícitas de explotación de minerales de la empresa ruso-suizo a través del Proyecto Fénix

Expresa:

Su preocupación por la continuidad de los casos de criminalización de autoridades indígenas y liderazgos comunitarios, que adversan proyectos extractivos los cuales no han sido consultados, según los estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La consulta a los pueblos indígenas debe ser previa, libre e informada.

Recuerda:

Que en los últimos años ha habido un extenso proceso legal en torno al Proyecto Fénix, que explota minerales en El Estor, Izabal, sin cumplir las normas en materia de consulta a los pueblos indígenas y el régimen ambiental. Las protestas pacíficas de la población han sido respondidas por el gobierno de la República con la suspensión de garantías constitucionales, el uso desproporcionado de la fuerza pública y la persecución penal de líderes comunitarios sindicados de instigar a delinquir, entre otras imputaciones.

Informa:

Que el día de ayer, 13 de junio, fueron capturados los señores Roque Sub, presidente de la Gremial de Pescadores de El Estor, y Cristóbal Pop, autoridad del Consejo Ancestral Maya Q´eqchi´

Que la Auxiliatura Guatemala Central abrió expediente de oficio, y personal de las Defensorías de las Personas Privadas de Libertad y de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como personal de turno, verificaron en la Torre de Tribunales las condiciones de los señores Roque Sub y Cristóbal Pop. Se constató que no habían ingerido alimentos; ya contaban con auxilio profesional y la salud del señor Pop había sido estabilizada. La institución del Procurador de los Derechos Humanos dará seguimiento al caso, velando por el respeto del debido proceso.

Recomienda:

A las autoridades judiciales, la realización de una investigación independiente y objetiva, asegurando el cumplimiento del debido proceso, e impedir que el derecho penal sea utilizado en contra de los derechos de la población, especialmente de los pueblos indígenas.

Guatemala, 14 de junio 2022 

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