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56/21 En el Día Internacional de la Madre Tierra, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, recomienda al Congreso de la República ratificar el Acuerdo de Escazú a fin de dotar al país de una herramienta que mitigue los impactos del cambio climático

Expresa:

Que, por iniciativa del senador estadounidense Gaylord Nelson, el 22 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Tierra con el fin de despertar conciencias sobre los desafíos de preservar el planeta Tierra frente a amenazas como el calentamiento global. Como lo ha expresado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, "la recuperación de la pandemia de Covid-19 ofrece una oportunidad de que el mundo emprenda un camino más limpio, ecológico y sostenible".

Que, por su posición geográfica, accidentes naturales, densidad poblacional, altos niveles de pobreza, ausencia de estrategias de desarrollo territorial y, en general, y poca voluntad política de las autoridades, Guatemala es uno de los cinco países más vulnerables en el planeta a los impactos del cambio climático.

Que hoy cobra vigencia el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, motivo por el cual doce países del hemisferio celebran un logro fundamental para el fortalecimiento de la democracia ambiental.

Que el Acuerdo de Escazú es un hito en temas de democracia ambiental y derechos humanos, al ser el primer tratado regional que se elabora de forma inclusiva, participativa y transparente, dando voz a las mujeres, los jóvenes y pueblos indígenas en asuntos relacionados con el ambiente.

Señala:

Que Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay han ratificado el Acuerdo de Escazú, cuyos pilares son: a) Acceso a la información ambiental, bajo el principio de máxima publicidad; b) Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, en base a los marcos normativos locales e internacionales y c) Acceso a la justicia en asuntos ambientales, que garantiza el debido proceso en las instancias administrativas y judiciales, y otorga facultades de impugnar procedimientos y asuntos de fondo, tanto acciones como omisiones.

Que, por primera vez, se incluye en un Acuerdo internacional la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, otorgándoles la garantía de entornos seguros, por lo cual cada uno de los Estados parte deberá tomar medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Recomienda:

Al Congreso de la República,

-Ratificar el Acuerdo de Escazú a fin de que el Estado cuente con una herramienta internacional que garantice a los habitantes el pleno goce de sus derechos humanos, incluyendo la participación pública y el acceso a la información y la justicia en materia ambiental, lo cual contribuirá a que Guatemala reduzca su extrema vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático, a que se emprendan políticas sostenibles y gozar plenamente del derecho humano a un ambiente sano.

Al Estado de Guatemala,

-A través de sus instituciones -de acuerdo a sus competencias y rectoría sectorial- adoptar las medidas necesarias para mitigar los impactos del cambio climático, la contaminación de los océanos y cuerpos de agua, la protección y conservación de la flora y fauna, de humedales, bosques y, en general, de todos los sistemas que forman el medio ambiente, cuidando así, de forma integral, la Madre Tierra.

Guatemala, 22 de abril 2021. 

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