Expresa:
Que los bomberos de la 36ª compañía de Cobán, Alta Verapaz, trasladaron a la periodista Irma Tzi al servicio de emergencia del Hospital Regional debido al ataque de que fue víctima, con arma blanca, en uno de los brazos. La periodista fue engañada cuando en una llamada telefónica le alertaron sobre un supuesto homicidio. Al ingresar a la comunidad Sachisay, en Cobán, fue agredida verbalmente por un hombre no identificado, y luego la atacó con la intención de herirla en el cuello. Al defenderse, la periodista Irma Tzi sufrió las heridas en el brazo.
Que a este hecho condenable se agrega el de la comunicadora social Lesby Esmeralda Catún Cuz de Rosales, gerente de la Revista Retenamit en San Pedro Carcha, Alta Verapaz. Ella sufrió abuso de autoridad e intimidación por parte de tres agentes de la Policía Nacional Civil, quienes la engrilletaron, le despojaron de su celular, bolso y anteojos, la subieron forzadamente a una patrulla y la condujeron a un juzgado. Durante más de dos horas la mantuvieron en la carceleta, sin explicarle los motivos de su detención.
Que, además, el periodista Ángel Palacios, de Coatepeque, Quetzaltenango, recibió amenazas de muerte.
Informa:
Que las Auxiliaturas de Alta Verapaz y Coatepeque, Quetzaltenango abrieron expedientes por los casos señalados y junto a la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas darán seguimiento en las instancias respectivas.
Recuerda:
Que la libertad de prensa es el corolario de la libertad de expresión en una sociedad democrática, protegida por la legislación nacional e internacional y que las y los periodistas y comunicadores sociales trabajan para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho de estar informada.
Que desde 2012, durante el Examen Periódico Universal, que incluye un análisis de los expedientes sobre derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, el Gobierno de Guatemala se ha comprometido a implementar el Programa de Protección a Periodistas, y no lo ha hecho.
Recomienda:
Al Ministerio Público, realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer y procesar a todos los responsables de estos ataques con los periodistas.
A la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la Inspectoría Departamental de la Policía Nacional Civil, investigar y deducir responsabilidades, aplicando las sanciones pertinentes.
Al presidente de la República, implementar urgentemente el Programa de Protección a Periodistas.
Guatemala, 20 de abril de 2022