Expresa:
Su firme condena por el allanamiento ilegal de las oficinas del Bufete Jurídico para Pueblos Indígenas y la Asociación de Abogadas Indígenas Chomij´a, ocurrido este fin de semana.
Su solidaridad y acompañamiento ante esta grave violación de los derechos civiles y políticos, garantizados por la Constitución Política de la República, que han sufrido estas dos organizaciones que promueven y protegen derechos de personas y pueblos indígenas.
Que este tipo de ataques pretende obstruir el trabajo de organizaciones defensoras de los derechos humanos, en particular de comunidades, pueblos y organizaciones civiles que defienden la vida y el territorio, mediante causas legales.
Que el Estado de Guatemala está obligado a garantizar el derecho a defender los derechos humanos, así como otras libertades civiles y políticas.
Informa:
Que la Auxiliatura Guatemala Central abrió expediente y, en coordinación con la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dará seguimiento a la denuncia presentada ante el Ministerio Público.
Señala:
Con alarma, que en los últimos años se ha documentado un deterioro grave de la situación de los derechos humanos, sea por acción o por omisión del Estado, además de una tolerancia alarmante y hasta incitación a la deslegitimación, estigmatización y criminalización del trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos por parte de funcionarios, representantes de empresas extractivas y agentes particulares.
Recomienda:
Al Ministerio Público,
- Agilizar la investigación y persecución pública penal de los responsables materiales e intelectuales de los hechos denunciados.
Al Presidente de la República,
- Retomar el proceso de aprobación de la Política Pública de Protección Integral a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, con la participación de las organizaciones de sociedad civil.
- Asimismo, fortalecer las instancias responsables de la protección de personas defensoras: DPPS-PNC, Subdirección de Operaciones-PNC, COPADEH y Fiscalías especializadas de Derechos Humanos-Agencia Fiscal de delitos cometidos contra activistas y defensores, Operadores de Justicia y Sindicalistas.
Al Ministerio de Gobernación,
- Reactivar la Instancia de Análisis de Ataques contra personas defensoras.
Guatemala, 22 de marzo 2021