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29/22 En el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, recomienda al Gobierno de la República reaccionar a la escalada de precios de los servicios y productos básicos mediante disposiciones que protejan efectivamente los derechos de los consumidores, incluyendo regulaciones del mercado y programas de emergencia que mitiguen la caída del nivel de vida de las poblaciones empobrecidas y de las clases medias

Recuerda:

Que el 15 de marzo de 1983 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, un día señalado para tener presente la defensa de la salud, la seguridad y los intereses económicos de las personas consumidoras, y que promover el conocimiento de los derechos que las protegen es una obligación de todos los organismos públicos.

Que en 1985 la Organización de las Naciones Unidas aprobó las Directrices para la Protección del Consumidor y exhortó a los Estados parte a establecer sus prioridades para la garantía de esos derechos, pertinentes a sus condiciones económicas, sociales, ecológicas y necesidades de sus poblaciones. Entre esos lineamientos se incluyeron la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud, la garantía de acceso a información que permita elegir en el mercado, la promoción y protección de sus intereses económicos y la libertad de constituir organizaciones de consumo.

Que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible contempla entre sus objetivos la producción y el consumo responsable, promoviendo la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos, así como la reducción de residuos y el desperdicio de alimentos. El consumo es uno de los objetivos transversales y uno de los más importantes para la Agenda, pues busca una transición de los modelos económicos y de consumo hacia la sostenibilidad.

Manifiesta:

Que los todos los habitantes de la República deben proveerse de alimentación, educación, salud y transporte para satisfacer sus necesidades básicas, por lo que la compra y venta de bienes y servicios es fundamental para su desarrollo integral.

Que la sociedad de consumo en países como Guatemala, con altos índices de pobreza y pobreza extrema, y grandes brechas de desigualdad social, enfrenta desafíos para proveer alimentos saludables y suficientes y que toda la población tenga acceso a los servicios básicos.

Expresa:

Que la pandemia del COVID-19 ha visibilizado prácticas comerciales anti-éticas, la especulación de los precios, prácticas de acaparamiento y graves desajustes entre oferta y demanda. Los desórdenes globales, económicos, políticos y militares, están debilitando economías como la guatemalteca sometiéndola a un estrés de precios que impactan de manera adversa sobre todo en las poblaciones empobrecidas.

Su preocupación porque el escalamiento de los precios del combustible genera un efecto en cadena que dificulta aún más a la mayoría de guatemaltecos la adquisición de los productos y servicios que integran la canasta básica alimentaria y la canasta básica ampliada

Que ante esta crisis económica de alcances y duración impredecibles, el Gobierno de la República carece de una estrategia que proteja y garantice los derechos de los consumidores.

Recomienda:

Al Gobierno de la República, cumplir las Directrices de Protección del Consumidor para fomentar, fortalecer y hacer sostenible una política de consumo en base a un trato justo y equitativo, una conducta comercial ética, con acceso a información y trasparencia, campañas de educación y sensibilización, la protección de la privacidad y del principio de controversias y reclamaciones de los consumidores como sustento de las buenas prácticas comerciales.

Promover políticas y programas para el efectivo cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 119 de la Constitución de la República, que garantiza la defensa de los derechos de los consumidores.

Responder a la actual crisis económica y los impactos socioeconómicos del COVID-19 con disposiciones que protejan efectivamente los derechos de los consumidores, incluyendo regulaciones del mercado y programas de emergencia que mitiguen la caída del nivel de vida de las poblaciones empobrecidas y las clases medias.

Al Congreso de la República, aplicar el artículo 174 de la Constitución de la República de y el artículo 107 del Decreto 006-2003 que le confieren la potestad de crear la Procuraduría de la Defensa del Consumidor y del Usuario.

Al Ministerio de Economía, impulsar las acciones administrativas suficientes para fortalecer la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor.

Guatemala, 15 de marzo de 2021 

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