Recuerda:
Que su mandato constitucional es velar por la protección y defensa de los derechos humanos de todos los habitantes.
Para un correcto cumplimiento de los derechos humanos, es necesario que el Estado cuente con los recursos, por lo cual sus negocios, incluyendo licitaciones y adjudicaciones, deben ser transparentes y competitivos.
Los negocios públicos opacos y discrecionales abren la puerta a la corrupción y lesionan derechos de toda la sociedad, entre ellos las oportunidades de usufructo de activos públicos y el acceso libre a la información y el entretenimiento.
Manifiesta:
Que los procesos de licitación y adjudicación de las bandas de 600Mhz y 700Mhz llevados a cabo por la Superintendencia de Telecomunicaciones podrían ser calificados de opacos y no competitivos y, por tanto, lesivos a los intereses del Estado.
La necesidad de fiscalizar dichos procesos, y anularlos si es necesario.
Recomienda:
A la Contraloría General de Cuentas,
● Llevar a cabo una fiscalización especial de los procesos de licitación y adjudicación de las bandas de 600Mhz y 700Mhz, a efecto de determinar plenamente si las autoridades cumplieron los procedimientos o actuaron con discrecionalidad.
Al Ministerio Público,
● Iniciar las investigaciones de oficio, a fin de establecer la comisión de actos tipificados como delitos y, en tal caso, procurar que no queden impunes.
Guatemala, 30 de diciembre de 2020