Recuerda:
Que el cumplimiento de los derechos civiles y políticos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Política de la República, es la forma de asegurar que las diferencias políticas e ideológicas no constituyan vulneración de la integridad y libertad de las personas.
Que en el marco de las reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en el 2016 se creó la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), como recurso de evaluación y lecciones aprendidas de cada proceso electoral a fin de proponer reformas al Congreso de la República.
Que la CAME, en cumplimiento de su mandato, ha promovido el derecho de la participación ciudadana, abriendo espacios de consulta, deliberación y recepción de propuestas de reformas entre amplios sectores de la sociedad.
Que tras las deliberaciones sobre el proceso electoral de 2019, la CAME impulsó una iniciativa, "Matriz de propuestas estratégicas para la reforma electoral", y ayer jueves 18 de febrero el TSE remitió al Congreso de la República una iniciativa de reforma de la LEPP.
Que la CAME debe expresar el espíritu evolutivo y perfectible de la LEPP tras el aprendizaje de las falencias de cada proceso electoral, incluyendo el refuerzo de las garantías de la libre participación ciudadana, la democratización de las organizaciones políticas, su elevada fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, así como la modernización administrativa del TSE. Jamás puede emplearse para impulsar contra-reformas o reformas regresivas.
Que es imprescindible que el TSE informe a la opinión pública que su fundamento de reforma se sostiene legítimamente en las recomendaciones de la CAME.
Recomienda:
Al Congreso de la República,
Que en el proceso de formación y dictamen de la iniciativa de reforma de la LEPP, recién ingresada por el TSE, se garanticen mínimamente los derechos de participación ciudadana (promoción de oportunidades reales de acceso a cargos de elección popular); un sistema electoral incluyente (principios de igualdad y no discriminación en el derecho de elección y el ejercicio del derecho al voto); la democratización de las organizaciones políticas (fortalecer su institucionalidad y democracia interna); la producción y acceso a la información con pertinencia cultural y lingüística; la fiscalización y rendición de cuentas; las garantías del debido proceso electoral, y la modernización administrativa del TSE.
Guatemala, 19 de febrero de 2021