Expresa:
Que desde hace varias semanas se ha registrado una tendencia ascendente de casos de COVID-19 en el país, la cual anticipa un inminente rebrote de la enfermedad, como ha ocurrido en otros países.
Que hasta ahora las autoridades del gobierno central optaron por evadir la responsabilidad de enfrentar la pandemia, y la trasladaron a la población. No ha habido siquiera una campaña de comunicación del riesgo.
Que, a pesar de que ya se cuenta con personal capacitado y con experiencia en la atención directa de pacientes, se sigue careciendo de una estrategia de búsqueda (rastreo y testeo) de casos.
Que el personal de salud ha trabajado con el mayor compromiso, pero su entorno institucional sigue siendo decepcionante, dados los injustificables retardos administrativos en el pago de sus salarios, el déficit crónico de medicamentos y otros insumos, y la debilidad y fragmentación del sistema de salud.
Recomienda:
Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
● Cumplir con lo establecido en las acciones constitucionales de amparo interpuestas por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), resaltando el acceso universal a pruebas diagnósticas incluyendo las confirmatorias (PCR).
● Poner en marcha estrategias de búsqueda, rastreo y testeo con énfasis a personas asintomáticas respiratorias a nivel nacional.
● Fortalecer la red hospitalaria nacional en las áreas fundamentales, como presupuesto, recurso humano operativo, abastecimiento de medicamentos e insumos.
● Implementar con urgencia amplias campañas de comunicación de los riesgos.
● Buscar opciones, más allá de Covax, que garanticen la adquisición de vacunas seguras y efectivas, brindando una cobertura muy superior al 20% a la población prevista para el 2021.
Guatemala, 22 de diciembre de 2020