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264/20 El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, expresa su indignación y rechazo contra los femicidios de Irma Misleidy Elizabeth Menéndez Hernández, Catarina Betzaida López Cac, Ana López Chacaj y Pamela Michelle Molina Barrios

 Expresa:

Su indignación y rechazo categórico contra los femicidios de Irma Misleidy Elizabeth Menéndez Hernández, de 13 años, ocurrido en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; Catarina Betzaida López Cac, de 8 años; su tía Ana López Chacaj, de 35 años, ambos en aldea Patzam, Santa María Chiquimula, Totonicapán y de Pamela Michelle Molina Barrios, de 26 años, en Villa Nueva, Guatemala. Estos crímenes evidencian la falta de políticas públicas de prevención de la violencia contra la niñez y las mujeres.

Manifiesta:

Su preocupación porque estos crímenes están impactando la vida de mujeres que habitan territorios con un tejido social fuerte, como es Totonicapán, que habían estado libres de femicidios.

Recuerda:

Que la Constitución Política de la República obliga al Estado garantizar a sus habitantes la vida, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral.

Que el Estado de Guatemala es signatario de la Convención de los Derechos del Niño y debe atender lo contenido en la Observación General Nº 13, sobre que la niñez no sea objeto de ninguna forma de violencia y que, aunque los niños como las niñas corren el riesgo de sufrir todas las formas de violencia, la violencia suele tener un componente de género, que en el caso de las niñas se agrava como violencia sexual en el hogar.

Que la Observación General Nº 14, sobre el derecho del niño a que su interés sea una consideración primordial, establece que, al evaluar y determinar el interés superior de los niños, debe tenerse en cuenta la obligación del Estado de asegurarles la protección y el cuidado necesarios para su bienestar.

Que, en concordancia con lo establecido en la Recomendación General 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y en la Observación General Nº 18, los "Estados también pueden ser responsables [de los actos de violencia contra las mujeres] si no adoptan medidas con la diligencia debida para [impedirlos], o para investigar y castigar los actos de violencia" enviando un "mensaje claro de condena [para garantizar] el fin de la impunidad".

Recomienda:

Al Presidente de la República,

● Impulsar acciones de prevención de cualquier forma de violencia contra la niñez, incluyendo campañas sobre protección de derechos que garanticen su vida, dignidad e integridad.

● Asegurar la plena reactivación de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer (CONAPREVI), asignándole recursos suficientes, a fin de que ponga en marcha el PLANOVI 2020-2029.

● Priorizar el fortalecimiento de la institucionalidad que vela por los derechos humanos de las mujeres y garantizar la efectiva implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y del Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023.

A la Fiscal General,

● Garantizar investigaciones eficientes e inmediatas, para identificar y procesar a los responsables de los femicidios cometidos.

Al Congreso de la República,

● Debatir y aprobar la iniciativa de Ley que crea el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

Al Procurador General de la Nación,

● Fortalecer la actuación de la PGN para la búsqueda y localización de todas las niñas y niños reportados como desaparecidas/os en la Alerta Alba-Keneth.

Al Ministro de Gobernación,

● Priorizar la asignación de agentes de la Policía Nacional Civil, a fin de que actúen con la debida diligencia ante todas las Alerta Alba-Keneth activadas. Asimismo, garantizar medidas de prevención y protección para el resguardo de la vida, la integridad y la dignidad de las niñas, las adolescentes y las mujeres.

A los tribunales de justicia,

● Fortalecer los procesos judiciales relacionados con cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Insta:

A la población en general,

● Demandar justicia para las víctimas de violencia contra las mujeres; colaborar con todas las diligencias del Ministerio Público, y desarraigar creencias o prácticas que desprecian la vida, el cuerpo y la sexualidad de las niñas, las adolescentes y las mujeres.

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