Expresa:
Su preocupación por la detención de campesinos líderes comunitarios de la finca forestal Semuc 6, ocurrida el pasado 5 de marzo, debido a una orden del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Izabal, en el contexto de un conflicto territorial que se gestiona desde hace alrededor de un año, en el cual están involucradas al menos 70 familias.
Que la detención de los líderes campesinos se realizó mientras atendían la convocatoria a una mesa de diálogo cuyo propósito era encontrar una solución no judicializada del conflicto.
Señala:
Que no es la primera vez que las autoridades aprovechan las mesas de diálogo para detener a líderes comunitarios que reclaman sus derechos. Estas acciones agravan los conflictos.
Que la falta de certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra, sumada al debilitamiento de la institucionalidad de mediación del Gobierno Central, han agudizado los despojos y desplazamientos de comunidades, así como las violaciones de derechos laborales. Se está empleando el derecho penal para criminalizar líderes que reclaman el respeto de sus derechos humanos.
Informa:
Que la Auxiliatura de Izabal abrió expediente y dará seguimiento al debido proceso en coordinación con la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Recomienda
A las autoridades judiciales, asegurar las garantías del debido proceso y no prestarse al uso indebido del derecho penal que solo agravan la conflictividad social en el país.
A las autoridades policiales, proceder de conformidad con los estándares internacionales de uso y manejo adecuado y proporcional de la fuerza.
A las autoridades del Gobierno Central y gobiernos Municipales, fortalecer los mecanismos de mediación para encontrar soluciones pacíficas y ecuánimes a la conflictividad social en el país que tiende a generar escenarios de ingobernabilidad.
Guatemala, 9 de marzo de 2022.