Manifiesta:
Su total rechazo y condena por el uso irracional y desproporcionado de la fuerza en contra las personas que, el sábado 21 de noviembre, ejercían su legítimo derecho a la manifestación y expresión, en medio de una jornada de movilizaciones pacíficas a nivel nacional, en las que participaron también niños, niñas, adolescentes y personas mayores que resultaron afectadas por la Policía Nacional Civil (PNC).
Su profunda preocupación ante los hechos represivos, que representan un claro retroceso en el respeto de las libertades civiles y políticas garantizadas por la Constitución Política de la República, debilitando el Estado de derecho y perturbando gravemente la gobernabilidad democrática del país.
Recuerda:
A las altas autoridades del Gobierno de la República que la libertad de expresión, la libre manifestación y la libertad de prensa son derechos que no pueden ser conculcados bajo ninguna circunstancia. La represión gubernamental ante la legítima protesta pacífica de ayer atenta contra la democracia y viola los derechos humanos de la población.
Que el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad garantiza el derecho de manifestación y ordena a las autoridades a adoptar las disposiciones necesarias para proteger los derechos humanos de los habitantes en todo el territorio nacional.
Informa:
Que delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) observaron y acompañaron las manifestaciones a nivel nacional, verificando la actuación de las fuerzas de seguridad y el debido cumplimiento de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en el amparo otorgado, el cual garantiza el derecho a la libre manifestación de los habitantes.
Que se dio seguimiento a las denuncias sobre el uso desproporcionado de la fuerza y detenciones arbitrarias de manifestantes, defensores de los derechos humanos y periodistas, que perpetraron las fuerzas de seguridad, en el marco de la protesta pacífica ciudadana en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala. Se verificó la detención de periodistas que cubrían el evento, y quienes, a pesar de estar plenamente identificados, fueron agredidos físicamente y algunos detenidos. Varias personas también resultaron intoxicadas por los gases lacrimógenos y fueron agredidas con agua a presión y varias fueron heridas de gravedad.
Que, en virtud de violaciones de los derechos constitucionales de los manifestantes por parte de las autoridades impugnadas, el PDH presentó la debida ejecución del Amparo Provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad.
Rechaza:
Los actos de vandalismo ocurridos al margen de las manifestaciones convocadas por la ciudadanía que ejerció su derecho.
Reafirma:
Su compromiso con los habitantes de la República de velar por la no vulneración de sus derechos humanos, y su acompañamiento durante el legítimo derecho a la libre expresión y manifestación pacífica, en el marco del respeto a la propiedad privada y pública.
Recomienda:
Al Presidente de la República,
-La destitución inmediata del ministro de Gobernación, Gendri Rocael Reyes Mazariegos y del Director General de la Policía Nacional Civil.
-Cesar la criminalización, la estigmatización, la violencia y persecución contra periodistas, en especial de periodistas mujeres. Cumplir con los compromisos de Estado relativos al Protocolo para la Protección de Periodistas, y la no criminalización de la protesta y de la libre expresión de la ciudadanía.
-Garantizar, sin excepción alguna, los derechos de la ciudadanía consagrados en la Constitución Política de la República.
Al Ministerio Público,
-Realizar una exhaustiva y diligente investigación de los hechos de vandalismo ocurridos en el Palacio Legislativo y otros puntos del Centro Histórico.
Al Congreso de la República,
-Aportar los medios necesarios para la investigación objetiva de los hechos que condujeron al incendio parcial de su sede principal.
A la población en general,
-Recordar que la libre expresión y manifestación son derechos consagrados en la Constitución Política de la República, en el marco del respeto a la propiedad pública y privada, y a la integridad de las personas.
Guatemala, 22 de noviembre de 2020