Recuerda:
Que el 25 de febrero de 1999 la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) presentó el Informe "Guatemala: memoria del silencio", en el que documentó graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante 36 años de conflicto armado interno. Estas graves violaciones incluyeron actos de genocidio y masacres contra comunidades indígenas, decenas de miles de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y desplazamientos forzoso en el territorio nacional y en otros países, principalmente en México.
Que el Informe de la CEH recomendó al Estado establecer que cada 25 de febrero se conmemorara el "Día nacional de la dignificación de las víctimas" con el propósito de honrar a todos aquellos hombres y mujeres sobrevivientes y dignificar la memoria de aquellas personas que fueron masacradas, ejecutadas y desaparecidas durante el conflicto armado. El Congreso de la República oficializó esa conmemoración mediante el Decreto 06-2004 y en 2003 el Organismo Ejecutivo instaló el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) que comenzó a operar un año más tarde.
Manifiesta:
Que, tras décadas de lucha infructuosa en búsqueda de justicia en Guatemala por las graves violaciones de los derechos humanos, las víctimas y sus familiares solo encontraron respuesta en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto en la Comisión como en la Corte. En la última década esa lucha tenaz comenzó a dar frutos en el sistema de justicia guatemalteco donde se abrieron procesos, se celebraron audiencias públicas y se alcanzaron sentencias condenatorias contra altos responsables militares de crímenes de lesa humanidad.
Que el PNR ha ejecutado con serias deficiencias los planes y proyectos de reparación de las víctimas. Que en los últimos dos años la institucionalidad creada por los Acuerdos de Paz para darle soporte al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y para procesar la conflictividad social quedó desmantelada. En su lugar se ha edificado una arquitectura aún más débil en torno a la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos. El PNR fue adscrito al Ministerio de Desarrollo Social, ampliamente calificado como clientelar.
Reitera las Recomendaciones:
Al Presidente de la República, de derogar los acuerdos que disolvieron la Secretaria de la Paz y que adscribieron el PNR al Ministerio de Desarrollo Social.
A la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos, realizar las coordinaciones interinstitucionales necesarias y oportunas para no abandonar el proceso de cumplimiento de los Acuerdos de paz, especialmente el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado. Asimismo, lo dispuesto en las sentencias nacionales y las referidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de retomar acciones pertinentes para abrir espacios de participación y consulta con las víctimas del conflicto armado interno.
Al Ministerio de Desarrollo Social, adoptar las medidas administrativas, técnicas y financieras para fortalecer el PNR, asegurando la contratación de personal idóneo para brindar un servicio de calidad y con pertinencia cultural, propiciando la participación y consulta de las comunidades y organizaciones. A la vez, poner en marcha mecanismos de rendición de cuentas y la aplicación de programas de resarcimiento integral considerando lo dispuesto en la Política Nacional en Materia de Reparación.
Crear el Registro Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno e incorporar directrices ajustadas a estándares internacionales para la operación eficiente de las sedes regionales.
Guatemala, 25 de febrero de 2022