Pronunciamiento del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, en ocasión del 73 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos
Cada 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos en todo el mundo, en homenaje a la Declaración Universal de Derechos Humanos que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, tras superar una conflagración de alcance global que sometió a millones de víctimas civiles a un plan sistemático de persecución y aniquilamiento, tratos crueles e inhumanos.
Este año el lema de la conmemoración es: "Todos iguales, todos humanos", en referencia al Artículo 1 de la Declaración, que expresa que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Un recordatorio oportuno en un mundo oscurecido por la pandemia del covid-19 que exacerbó las desigualdades sociales, el hambre, la pobreza y los abusos contra la población más vulnerable, incluyendo millones de migrantes irregulares, cuyos flujos se potenciaron durante 2021. Las respuestas de la arquitectura internacional ante la crisis sanitaria no estuvieron a la altura de los desafíos.
En Guatemala, las autoridades públicas no desplegaron esfuerzos significativos para proteger la vida de las poblaciones desamparadas ni fortalecieron los sistemas de salud ni el acceso a la educación, a pesar de contar con los recursos, pero sí montaron un estado policial y militarizaron territorios haciendo uso excesivo de la fuerza ante protestas pacíficas y en los desalojos forzosos. En casi dos años el gobierno ha decretado 21 estados de excepción y, sin embargo, la conflictividad social sigue aumentando y es cada vez más compleja.
Ha habido condescendencia ante el abuso de poder y tolerancia frente al uso discrecional y corrupto de los recursos públicos, que alimentan las riquezas y privilegios de un puñado de funcionarios y sus allegados. Sin liderazgo político que movilice la solidaridad, la gente ha quedado sola enfrentando las peores consecuencias de la crisis sanitaria en la salud, la economía del hogar y los derechos humanos.
La respuesta excepcional vino del personal médico y paramédico que ha permanecido durante largas y fatigosas jornadas en la primera línea de defensa de la salud de la población, a pesar de las carencias de equipo de protección personal e insumos, la infraestructura deficiente y que trabajaron muchos meses sin contrato ni salario.
Valientes han sido los defensores y defensoras de derechos humanos y del territorio, los operadores de justicia y periodistas independientes, que han permanecido en la primera línea de defensa de las libertades civiles y denunciando la corrupción sistémica, los frecuentes abusos y arbitrariedades del poder público, a pesar del alto riesgo de su seguridad personal. En 2020 y 2021 los defensores han sido blanco de más de 2 mil ataques, lo que no tiene precedentes desde que se firmaron los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996.
Valientes han sido también las comunidades indígenas, los vecinos en los barrios populares y las mujeres (especialmente las comadronas), resilientes y ahora con mayores capacidades de autogestión.
Las autoridades han descargado un anacrónico discurso nacionalista, pero no son capaces de hacer cumplir los millonarios contratos internacionales ya pagados de vacunación. Los débiles siguen desprotegidos. Con una de las tasas de vacunación más bajas del hemisferio, sea por descuido o negligencia, se han echado a perder más de 4 mil dosis de vacunas, mientras los hospitales y centros de salud están en grave riesgo de desabastecimiento de oxígeno por la altísima presa de la deuda acumulada. Hay dinero para comprar equipo bélico oneroso, pero no para proteger a las mujeres sobrevivientes de la violencia. Aumenta el presupuesto para las dietas de los funcionarios, pero disminuyen el que está destinado a los programas de nutrición. Las muertes de niños y niñas por desnutrición aguda se cuadruplicaron en el último año.
Mientras las autoridades son indiferentes ante la retórica de odio, la violencia patriarcal que se ensaña contra niñas, adolescentes y mujeres adultas, y las conductas racistas y discriminatorias, se siguen registrando retrocesos en el acceso a la justicia y en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Por ejemplo, siguen sin investigarse y sin deducir la cadena de mando de los responsables por la muerte de 41 niñas en el Hogar Seguro, tragedia ocurrida hace casi cinco años.
En resumen, durante los últimos dos años han sufrido graves retrocesos una serie de derechos garantizados en la Constitución Política de la República y otras normas, así como en las convenciones internacionales en las que el Estado de Guatemala adquirió compromisos voluntariamente. En particular, han sido vulnerados los derechos a la salud y la educación, a la alimentación y a la salud sexual y reproductiva, a la protección de niñas, niños y mujeres contra la violencia, al acceso a la justicia y la libertad de expresión, puesto que, con el Decreto 4-2020 (Ley de ONG), se ha vulnerado hasta el derecho de defender los derechos humanos y fiscalizar el poder público.
Guatemala, 10 de diciembre de 2021