Expresa:

Su reconocimiento a la ardua labor de periodistas, comunicadoras y comunicadores sociales que, día a día, trasladan información fiable sobre los eventos y procesos que impactan de manera relevante en la vida de las personas, cumpliendo una función básica de la democracia: que la sociedad esté correctamente informada.

Recuerda:

Que el acceso a la información pública es un derecho universal imprescindible para el ejercicio de la libertad de opinión y expresión, así como de la libertad de prensa.

Que estos derechos, igual que el derecho a defender los derechos humanos, son fundamentales en la construcción y consolidación de una sociedad democrática.

Manifiesta:

Su preocupación por el incremento de los ataques y agresiones contra periodistas y comunicadores sociales, particularmente contra quienes denuncian actos de corrupción y abuso de autoridad. En los últimos meses, las formas más frecuentes de acoso han sido el hostigamiento penal, campañas calumniosas, amenazas, agresiones físicas y la obstrucción a las fuentes públicas de información.

Su preocupación porque las restricciones, censuras y campañas de descrédito contra la prensa surgen, muchas veces, de oficinas públicas, tanto de la administración central y municipal, como de entidades descentralizadas y autónomas, convirtiéndose en un patrón de ataque que, como en países vecinos, deriva en el reforzamiento de la intolerancia

y el autoritarismo.

Recomienda:

A todas las altas autoridades del Estado, cumplir su obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, e instruir a todos los niveles de la jerarquía institucional que es su deber legal abrir las fuentes de información pública y respetar escrupulosamente la labor de los periodistas independientes.

Al presidente de la República, ​implementar de manera urgente el Programa de Protección a Periodistas, compromiso que el Estado asumió a finales de 2012 ante las Naciones Unidas.​

Al Ministerio Público, fortalecer la Fiscalía de Sección de Delitos cometidos contra Periodistas, para que pueda llevar a cabo la investigación y persecución penal, al fin de restituir los derechos violentados.

Reforzar la formación del personal fiscal para contribuir a romper el círculo de criminalización contra periodistas.

Desmarcarse de las acciones de hostigamiento penal contra periodistas y medios independientes, promovidas desde otros poderes del Estado, y recuperar la independencia y objetividad en la aplicación de la Ley.

Al Organismo Judicial, fortalecer la formación de jueces y juezas, magistrados y magistradas y de todo el personal que interviene en los procesos judiciales, para que comprendan cómo el uso indebido del derecho penal contra periodistas y comunicadores sociales no solo les afecta a ellos, sino debilita el Estado constitucional de Derecho.

Abstenerse de participar en las acciones de criminalización de la prensa independiente.

Guatemala, 30 de noviembre de 2021.