Manifiesta:
Que en la noche del pasado 8 de noviembre, mientras cubría un hecho de tránsito en la diagonal 12 y 26 avenida de la zona 1 de la Ciudad de Quetzaltenango, el periodista Rubén Jocol fue sometido con violencia por tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a bordo de las unidades QUE-140 y DCSP-40. Jocol fue retenido durante 45 minutos y obligado por los agentes a borrar vídeos y material periodístico de su teléfono móvil.
Recuerda:
Que la Constitución Política de la República establece que el fin supremo del Estado es la realización del bien común, y que debe garantizar a todos los habitantes la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y el desarrollo integral.
Que la seguridad pública, como servicio esencial de competencia exclusiva del Estado, le ha sido encomendada a la PNC, y su misión es proteger la vida, integridad física y patrimonio de las personas, así como el ejercicio de sus derechos y libertades, además de prevenir, investigar y combatir el delito, preservando el orden y la paz mediante procedimientos establecidos en protocolos y el uso proporcional de la fuerza.
Informa:
Que la Auxiliatura del Procurador de los Derechos Humanos de Quetzaltenango abrió expedientes, y en coordinación con la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dará seguimiento en las instancias que corresponden.
Expresa:
Que la labor periodística es una forma en la que se materializa el derecho humano a la libertad de expresión, el cual es indispensable para la existencia de una sociedad democrática. Por ningún motivo los agentes de la PNC deben impedir el ejercicio periodístico. El uso indebido de la violencia, la retención injustificada y la eliminación forzada de material de prensa constituyen un abuso de autoridad y grave violación de los derechos humanos y de la libertad de expresión.
Su condena y rechazo a las acciones realizadas por los tres agentes de PNC que sometieron y retuvieron al periodista Rubén Jocol, para obligarlo a borrar el material documental que registró durante la cobertura periodística.
Recomienda:
Al Ministerio Público, realizar las investigaciones correspondientes sobre los hechos denunciados y esclarecer las responsabilidades de los agentes de la PNC.
A la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido y, según corresponda, aplicar sanciones y correctivos de las conductas de los agentes de PNC implicados en el hecho denunciado.
Al Director de la Policía Nacional Civil, garantizar la no repetición de hechos como el ocurrido en la Ciudad de Quetzaltenango la noche del pasado 8 de noviembre. Instruir la aplicación de los protocolos que garantizan el ejercicio de los derechos humanos, la libertad de expresión y de la labor periodística, según manda la Constitución Política de la República y los instrumentos internacionales de los que hace parte el Estado de Guatemala.
Al Presidente de la República, le reitera, una vez más, la urgente necesidad de cumplir con el compromiso asumido en 2012 ante las Naciones Unidas, relacionado con la implementación del Programa de Protección a Periodistas, en el cual participen los periodistas y comunicadores que han sido blanco de los ataques, considerando además que en los últimos meses se ha registrado un alarmante incremento de acciones e incidentes de obstrucción, agresiones, intimidaciones, amenazas, campañas de difamación y hostigamiento legal contra periodistas independientes.
Guatemala, 10 de noviembre 2021.