Manifiesta:

Su profundo pesar por la muerte de 46 niños (17 niñas y 29 niños) a causa de desnutrición aguda en lo que va de 2021 (hasta el 23 de octubre). Uno de cada tres de estos casos fatales se registró en Alta Verapaz, donde las comunidades impactadas por las tormentas Eta e Iota siguen abandonadas por el gobierno. Por otro lado, no parece factible que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) alcance la meta física de atender 26 mil 854 casos con el presupuesto asignado de Q17 millones 262 mil, lo cual pone en riesgo la vida, salud y desarrollo de cientos de niños y niñas en condiciones de desnutrición

aguda.

Que, en cumplimiento de las obligaciones que le impone la Constitución de la República y los compromisos internacionales adquiridos en derechos humanos, el Estado debe garantizar a la niñez entornos alimentarios saludables que hagan frente a todas las formas de malnutrición. Por lo que el recorte en el presupuesto 2021 de Q119 millones al clasificador 14 del MSPAS -el cual establece las actividades dirigidas a la prevención y tratamiento de la desnutrición-, violenta los derechos humanos y contraviene el principio de progresividad del financiamiento para garantizar el derecho a la alimentación.

Que la propuesta de aumentar en Q 243 millones el clasificador 14 del MSPAS para el 2022, resultaría insuficiente, considerando la gravedad de la crisis alimentaria y nutricional, y otros factores concurrentes como la ruinosa institucionalidad del sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la deficiente gestión de la pandemia, el debilitamiento en la atención de salud preventiva, el aumento del precio de la canasta básica, la crisis del mercado del cardamomo, las pérdidas causadas por las tormentas que azotaron hace dos años comunidades ya empobrecidas del país, entre otros factores estructurales que siguen sin ser atendidos, agudizan este flagelo de inseguridad alimentaria.

Recuerda:

Que el pasado 16 de octubre, en ocasión del Día Mundial de la Alimentación, emitió una Alerta subrayando que Guatemala enfrenta uno de los peores cuadros en América Latina y el Caribe de inseguridad alimentaria y nutricional, agravado por la pandemia y las vulnerabilidades asociadas al cambio climático, por la conflictividad social y el deliberado recorte presupuestario de Q 132 millones 500 mil en cinco programas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, cuyo propósito es mitigar el hambre.

Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) trata extensamente el derecho a una alimentación adecuada. Por ejemplo, en el párrafo 1 del artículo 11, los Estados parte reconocen "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia"; y en el párrafo 2 admiten que probablemente deberán adoptarse medidas más inmediatas y urgentes para garantizar "el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre" y la malnutrición.

Recomienda:

Al Congreso de la República,

● Fortalecer la asignación presupuestaria del clasificador 14 del MSPAS, cuyas actividades están básicamente orientadas a atender las causas inmediatas de la desnutrición, garantizando la asignación en las comunidades con mayores tasas de desnutrición aguda en la niñez menor de cinco años. En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2022, blindar las actividades del clasificador 14 para impedir reducciones en las asignaciones, como ha ocurrido en 2021.

● Rechazar la reducción presupuestaria que se propone para el 2022 de las actividades de monitoreo de crecimiento y servicios de consejería, y, en cambio, mejorar su asignación y fiscalización. El monitoreo de crecimiento es la oportunidad de entregar el paquete de servicios que coadyuva a la prevención de la desnutrición; además, dicho monitoreo contribuye a identificar a la niñez en riesgo de desnutrición aguda, previniendo muertes infantiles por esa causa.

Al Presidente de la República,

● Le reitera la urgencia de emprender una política agresiva y eficiente para garantizar el derecho a la alimentación de las personas en riesgo de inseguridad alimentaria, especialmente niñas y niños con desnutrición aguda y familias afectadas severamente por la COVID-19, las tormentas tropicales y la canícula prolongada.

● Cumplir su obligación constitucional de garantizar la protección de niños y niñas, considerando las observaciones y recomendaciones al Estado de Guatemala emitidas por los Mecanismos Internacionales de derechos humanos, en particular la obligación de garantizar la protección de los niños y niñas.

● Convocar de emergencia al gabinete de desarrollo social para gestionar la crisis nutricional que tiende a agravarse; instruir al Ministerio de Finanzas Públicas a priorizar la asignación de recursos a las unidades ejecutoras del MSPAS a fin de que puedan prevenir y atender oportunamente los casos de desnutrición. Cumplir con el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional e implementar un plan de emergencia para frenar la espiral de casos de desnutrición aguda y la muerte de niñas y niños por desnutrición.

Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,

● Procurar asignaciones presupuestarias adecuadas para enfrentar eficazmente la crisis nutricional de la niñez, fortalecer los primeros niveles de atención en salud, así como las capacidades del personal de las unidades ejecutoras a fin de elevar la eficiencia de la gestión, en particular la del clasificador 14.

Al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional,

● Cumplir las obligaciones que le establece la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de garantizar el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

Guatemala, 6 de noviembre de 2021