Reitera:

Su contundente rechazo a las agresiones y restricciones a la labor de los periodistas que dan cobertura al conflicto suscitado por la operación de la mina Fénix, en El Estor, Izabal.

Informa:

Que la Auxiliatura de Izabal abrió expediente, ha documentado y en coordinación con la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dado seguimiento en las instancias correspondientes a los casos de presuntas intimidaciones personal de radio Xyaab' Tzuultaq'a, la Defensoría Q'eqchi', el acoso de que es víctima el periodista Carlos Ernesto Choc, quien goza de medidas perimetrales de seguridad, el ataque cibernético contra Prensa Comunitaria, así como el allanamiento de la vivienda de su corresponsal Juan Bautista Xol y de Carlos Choc.

Manifiesta:

Que el derecho al libre acceso a las fuentes de información pública, la libertad de prensa, la libertad de emisión del pensamiento y libertad de expresión son fundamentales en una sociedad democrática.

Que el Estado de Sitio decretado en El Estor, Izabal, no restringe estos derechos y que la Constitución Política de la República establece que "la autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas por el Estado a las personas, no pueden utilizarse como elementos de presión o coacción para limitar el ejercicio de la libre emisión del pensamiento" (Artículo 35, párrafo 6º).

Reitera las recomendaciones:

Al Presidente de la República,

● Girar instrucciones a los ministros de Estado para que se garantice la libertad de prensa, el libre acceso a las fuentes de información y la seguridad de los periodistas en el ejercicio de su función.

● Activar el programa de protección a periodistas y comunicadores sociales, con la participación de periodistas y comunicadores.

Al Ministro de Gobernación,

● Girar instrucciones para que en toda operación o diligencia, el personal a su mando respete los derechos humanos de los periodistas, así como el libre acceso a las fuentes de información, la libertad de prensa y de emisión del pensamiento, garantizadas por la Constitución y convenciones internacionales de las que el Estado de Guatemala es parte.

Al Director General de la Policía Nacional Civil,

● Girar instrucciones a efecto de que los agentes respeten la integridad y los derechos humanos de los periodistas, no restringir la labor de la prensa y garantizar el derecho a la información.

Al Ministerio Público,

● Investigar de oficio las denuncias de amenazas, intimidaciones, agresiones y obstrucción a la libertad de prensa y el libre acceso a las fuentes de información, y procesar penalmente a todos los responsables.

Guatemala, 26 de octubre 2021