Expresa:

Que pobladores, integrantes del Consejo Ancestral Maya Q'eqchi', y periodistas que cubrían una manifestación pacífica en El Estor, Izabal, resultaron heridos y afectados por el uso de gases lacrimógenos empleados por agentes de la Policía Nacional Civil.

Que la Auxiliatura de PDH en Izabal, abrió expediente, ha documentado los incidentes del desalojo violento, emitió un oficio con recomendaciones a las autoridades de la Policía Nacional Civil y dará seguimiento al tratamiento de este conflicto por parte del Gobierno de la República.

Que las tensiones de los pobladores con la minera rusa Maya Níquel y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) que controlan el proyecto Fénix lleva varios años, y desde principios del presente mes se habían registrado plantones y movilizaciones debido a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), ha excluido a los representantes de las comunidades indígenas para llevar a cabo el proceso de consulta que ordenó la Corte de Constitucionalidad.

Recuerda:

Que el pasado 12 de julio, en el marco del mandato constitucional se entregaron varias recomendaciones al Ministro de Energía y Minas, incluyendo:

"1. Verificar que las acciones administrativas (d)el Ministerio a su cargo se realicen con base en el principio del debido proceso y del principio de legalidad, observando los estándares nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos relacionados con los Pueblos Indígenas, (dado) que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad se refiere (a que la Consulta se realice) con la participación de los pueblos indígenas a través de sus autoridades representativas…

"…6. Asegurarse que los representantes titulares y suplentes de los pueblos indígenas sean acreditados por el Ministerio, sean personas legítimas y legitimadas por los pueblos indígenas afectados, mediante sus procedimientos propios, respetando en todo momento las designaciones que cada una de las comunidades realice para el propósito de consulta a pueblos indígenas ordenado por la Corte de Constitucionalidad."

Manifiesta:

Su rechazo y condena por los actos de violencia suscitados en las últimas horas en el punto de la resistencia en El Estor, Izabal, fundamentalmente por las acciones de los agentes de la Policía Nacional Civil.

Su contundente rechazo a las agresiones y restricción de la labor que realizan los periodistas de medios de comunicación que se encuentran en el lugar, así como los ataques cibernéticos de los que ha sido objeto la página web de prensa comunitaria.

Recomienda:

Al Presidente de la República,

● Darle un tratamiento urgente a este conflicto, a través de los mecanismos de diálogo con los que cuenta, a fin de evitar que se incrementen los hechos de violencia, e instruir al Ministro del MEM a que obedezca la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, sin mayor dilación.

A la Comisión Presidencial de Diálogo,

● Realizar la labor de mediación y diálogo ordenada por la Corte de Constitucionalidad;

Al Director General de la Policía Nacional Civil,

● Reitera las recomendaciones del 22 de octubre, dirigidas a la comisario Carla Esperanza de León Chacón, en el sentido de girar las instrucciones correspondientes a efecto de que los agentes respeten la integridad y los derechos humanos de las personas manifestantes, y no restringir la labor de la prensa, debiendo garantizar la libertad de prensa y el derecho a la información.

Al Ministro de Gobernación,

● Girar instrucciones para que en toda diligencia que se realice, se respeten los derechos humanos de la población, el derecho a defender derechos humanos, y a las personas periodistas se les respete el derecho de acceso a las fuentes de información, a la libertad de prensa, a la libertad de emisión del pensamiento, pues su labor es vital en todo Estado democrático.

Al Ministerio Público,

● Realizar una exhaustiva investigación relativas a las lesiones sufridas tanto por periodistas, la población, personas manifestantes en resistencia pacífica, agentes de la Policía Nacional Civil, individualizar a los responsables y promover los procesos judiciales correspondientes.

Guatemala, 23 de octubre de 2021