Manifiesta:
Que en la reunión anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), celebrada en 1979, se acordó establecer el 16 de octubre como el Día Mundial de la Alimentación, con el propósito de impulsar acciones solidarias a favor de la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
Que el Informe sobre el "Estado de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Mundo 2020", reveló que en 2019, alrededor de 690 millones de personas en el mundo sufrieron desnutrición. Esta cifra representa casi el 10% de la población total en el mundo en ese año. Para el 2030 se proyecta que las personas con desnutrición sumarán 840 millones. América Latina y el Caribe es la región en el mundo que ha experimentado un mayor aumento del hambre en los últimos años; además que el 16% de la niñez menor de cinco años sufre desnutrición crónica.
Que la pandemia agrava las vulnerabilidades asociadas al cambio climático y la conflictividad social, agudizando el hambre en esta región; según la perspectiva de recuperación económica, podrían añadirse entre 83 millones y 132 millones de personas con déficit de alimentos en el 2021.
Que, ante este panorama la FAO, ha impulsado el lema: "Cultivar, nutrir, preservar. Juntos", el cual se enfoca en agradecer a las mujeres y hombres #HéroesDeLaAlimentación, que hacen posible llevar los alimentos hasta nuestra mesa, desde agricultores, ganaderos, trabajadores de supermercados, cocineros e intermediarios.
Recuerda:
Que la Observación General 12 sobre el Derecho a una Alimentación Adecuada (artículo 11), refiere que el derecho a una alimentación adecuada está reconocido en diversos instrumentos del derecho internacional.
Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) trata extensamente el derecho a una alimentación adecuada. En el párrafo 1 del artículo 11 del PIDESC, los Estados parte reconocen "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia". En el párrafo 2 reconocen que posiblemente deberán adoptarse medidas más inmediatas y urgentes para garantizar "el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre" y la malnutrición.
Que el derecho a una alimentación adecuada es de importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos, por consiguiente el Estado de Guatemala debe velar porque la alimentación y nutrición de la población reúnan los requisitos mínimos de salud, y las instituciones públicas especializadas deberán coordinar acciones -incluyendo con organismos internacionales dedicados a la salud- para lograr un sistema alimentario eficiente.
Expresa:
Que Guatemala enfrenta un panorama difícil para cumplir con los compromisos contenidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular el número 2, Hambre Cero, tomando en consideración que el 16% de la población sufre desnutrición, el 18% vive en inseguridad alimentaria grave, y el 45% en situación de inseguridad alimentaria moderada.
Que el país enfrenta una de las mayores crisis de inseguridad alimentaria y nutricional debido a los efectos provocados por la COVID-19 y fenómenos climáticos como las tormentas Eta e Iota.
Que a esto se agrega la falta de voluntad política del gobierno central para garantizar el derecho a la alimentación de la población. Se han recortado Q 132 millones 527 mil del presupuesto de Asistencia Técnica para el Almacenamiento de Granos Básicos; del Apoyo al Mejoramiento del Hogar Rural; además, a la implementación de Proyectos y Encadenamiento Productivo; al programa de Disponibilidad de Alimentos para la Prevención de la Desnutrición Crónica y al de Incremento de Ingresos en el Hogar para la Prevención de la Desnutrición Crónica, que están a cargo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA).
Expresa:
Que despierta alarma que siendo la desnutrición crónica un problema crítico de alcance nacional y, declarativamente, de interés primordial del gobierno central, se hayan recortado los fondos para estos programas. Considérese que en los primeros nueve meses de este año, murieron 39 niñas y niños menores de cinco años a causa de desnutrición aguda, y que en la semana epidemiológica 37 se registran 22 mil 417 casos; 2 mil 206 casos más que en el mismo periodo de 2020.
Recomienda:
Al Presidente de la República,
● Emprender una política agresiva y eficiente encaminada a garantizar el derecho a la alimentación de la población que se encuentra en inseguridad alimentaria, especialmente de niñas y niños con desnutrición aguda y familias afectadas severamente por los impactos de la Covid-19, las tormentas tropicales y una canícula prolongada. Asimismo, cumplir con el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Guatemala, 16 de octubre 2021.