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17/21 El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, expresa su preocupación por las agresiones, amenazas, intimidaciones y restricciones de acceso a las fuentes de información pública que sufren periodistas en varios departamentos de la República

Informa:

Que durante enero e inicios de febrero de 2021 las Auxiliaturas y la Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Procurador de los Derechos Humanos, han dado seguimiento a denuncias de periodistas y comunicadores sociales por actos de vulneración al derecho a la libertad de prensa, libre acceso a las fuentes de información pública y por intimidaciones. Estos hechos han sido cometidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y Policía Municipal, autoridades municipales y departamentales en Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Totonicapán, Izabal, Jutiapa y Chimaltenango.

Que las Auxiliaturas de Guatemala, Quiché, Retalhuleu, Quetzaltenango, Escuintla, Totonicapán, Izabal, Jutiapa y Chimaltenango han abierto expedientes por los siguientes casos:

•Marvin del Cid, del medio digital Artículo 35, sufrió intimidaciones por parte de agentes de la PNC.

•Ana González Paxtor, periodista de Totonicapán, sufre restricciones para ejercer su profesión de comunicadora social y participar en una radio comunitaria.

•Carlos Ernesto Choc, de Prensa Comunitaria en El Estor, Izabal, sufrió agresiones y continúa siendo víctima de descalificaciones por su trabajo de denuncia por violaciones de derechos del pueblo Q´eqchi´.

•Un reportero del medio Telenoticias Chimaltenango sufrió agresiones por parte de policías municipales durante un evento público en Parramos.

•Varios periodistas han sufrido intimidaciones tras publicar reportajes que involucran a funcionarios de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

•Periodistas de Quetzaltenango sufren restricciones de acceso a la información pública por parte del Concejo Municipal.

•Periodistas de Jutiapa sufren restricciones de acceso a las reuniones de carácter público del Gobernador Departamental.

•La decisión de autoridades locales de Santa Lucía Cotzumalguapa de cerrar una empresa de televisión de paga.

•Periodista de Retalhuleu, quien fue víctima de amenazas ante la publicación de la noticia relacionada con una captura en ese departamento.

•Periodistas de Quiché a quienes se les restringe el acceso y obstaculiza su labor periodística en el Hospital de Quiché.

Que La Defensoría de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha brindado acompañamiento a periodistas y comunicadores, y da seguimiento a las denuncias presentadas ante la Fiscalía de la Sección de Delitos Cometidos contra Periodistas del Ministerio Público.

Recuerda:

Que el Estado de Guatemala está obligado a garantizar la libre emisión del pensamiento, sin censura ni licencia previa, así como promover el libre ejercicio de los derechos y libertades civiles.

Que el acceso a la información pública es un derecho universal imprescindible para el ejercicio de la libertad de expresión, que califica al Estado democrático.

Recomienda:

Al Presidente de la República, hacer efectivo y funcional el programa de protección a periodistas y comunicadores sociales, con la participación de periodistas y comunicadores.

A los funcionarios de la administración central del Gobierno de la República y a las autoridades municipales, garantizar a todos los medios de comunicación el acceso sin restricciones a las fuentes de información pública, garantizando que todo el personal de las instituciones bajo su responsabilidad cumplan dicha obligación Constitucional.

Al Ministerio Público, agilizar las investigaciones y la persecución penal en contra de los responsables de los hechos denunciados; reducir los altos índices de impunidad de los delitos contra periodistas, sindicalistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos; y fortalecer la Fiscalía de Sección de Delitos Cometidos contra Periodistas.

Guatemala, 3 de febrero 2021 

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