Declaración del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade
Después de dos siglos de violaciones de los derechos humanos, depredación humana, económica y ambiental, no hay nada qué celebrar este 15 de septiembre en el Bicentenario de la Independencia. Más allá de una conmemoración, Guatemala sigue necesitando edificar el Estado que proteja la persona y a la familia, y que su fin sea la realización del bien común, como lo establece el primer artículo de la Constitución Política de la República.
Esto implica abrir un nuevo horizonte a través de cambios estructurales para responder de manera eficiente a las necesidades de las comunidades, y abordar tareas siempre pospuestas y que encadenan nuestra realización humana: desnutrición, pobreza, corrupción e impunidad, inseguridad, racismo y diversas formas de discriminación, además de desigualdades sociales, territoriales, políticas y económicas.
La Independencia, como lo demuestran los estudios históricos, fue el recurso de los grupos ultraconservadores para eludir la evolución y modernización del sistema de poder, cuyos vientos soplaban desde Europa y la propia España. Y ese propósito -salvo muy contados momentos estelares- se tradujo en un sistema de opresión y encierro internacional. No obstante, los pueblos aún guardan reservas morales y poseen el potencial de generar bienestar para sus habitantes.
En medio de la crisis humanitaria generada por la pandemia del Covid-19 y agravada por la ineficiencia de las autoridades del Gobierno Central, sigue siendo un imperativo cotidiano luchar para garantizar a todas las personas, sin exclusión, condiciones de vida digna, segura y próspera, valorando la riqueza de la diversidad étnica y cultural.
Hoy, que también se conmemora el Día Internacional de la Democracia, es oportuno reflexionar y renovar nuestro compromiso de defensa y ampliación de las libertades civiles y políticas, y de construir un sistema de real participación y representación en la toma de las decisiones que atañen al país entero y a cada uno de sus territorios y comunidades.
Es imperativo asumir la democracia en su dimensión electoral y de goce de las garantías de los derechos humanos, pero también en sus dimensión económica, social y cultural, pues de lo contrario, como lo demuestra nuestra experiencia de vida democrática de cuatro décadas, el régimen de libertades se vulnera y la confianza pública en las instituciones se debilita.
Finalmente quiero subrayar que nuestro compromiso democrático, de respeto del Estado de Derecho y la independencia de poderes, es crítico en estos tiempos en que nos acechan las amenazas autoritarias y dictatoriales, asociadas a redes de corrupción y estructuras de crimen.
Guatemala, 15 de septiembre de 2021