Expresa:
Que en un abierto acto violatorio de las garantías constitucionales de acceso a la información pública, de la Ley de Acceso a la Información Pública y de las convenciones internacionales de las cuales el Estado de Guatemala es parte, hoy, 2 de septiembre, el presidente del Congreso de la República, Allan Rodríguez, impidió el acceso a una conferencia de prensa del periodista Enrique García del diario elPeriódico.
Que esta transgresión de la ley y flagrante abuso de autoridad, fue ejecutada por sus subalternos Fernando Bolaños y Josselin Mérida, quienes físicamente impidieron que el periodista Enrique García pudiese ingresar a las oficinas de la Presidencia del Congreso de la República.
Que el presidente del Congreso criminaliza a la prensa independiente al sindicarla -sin pruebas- de la quema de instalaciones del Palacio Legislativo en noviembre de 2020 y calificándola de "indigna" cuando no se pliega a sus intereses, lo cual representa un atentado a las libertades de la democracia.
Recuerda:
Que la Ley de Acceso a la Información Pública contempla sanciones penales a los funcionarios que la incumplan, sin distinción de rangos.
Que los funcionarios públicos no están obligados a obedecer instrucciones ilegales.
Que la obstrucción al libre acceso a la información pública conculca el derecho a la información de la sociedad, y que la libertad de prensa y libre emisión del pensamiento son piedra angular del Estado Constitucional de Derecho, cuyo socavamiento viola el conjunto de derechos civiles y políticos plenamente garantizados en normas nacionales e internacionales.
Recomienda:
Al presidente del Congreso de la República, cumplir la Constitución y sus leyes respetando íntegramente los derechos de la ciudadanía de acceso a la información pública, la libertad de prensa y la libertad de emisión del pensamiento, garantizando a periodistas y comunicadores sociales el libre acceso a las fuentes de información con plenas garantías.
A las personas trabajadoras del Congreso de la República, no seguir instrucciones abiertamente reñidas con las normas nacionales e internacionales.
Guatemala, 2 de septiembre de 2021